El organismo que juzga la conducta de magistrados de nuestro país tomó esta determinación, durante una sesión realizada ayer jueves en la capital del país. Así, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) retiró los fueros al fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre.

El representante del Ministerio Público había sido filmado en un operativo encubierto al recibir una supuesta coima. El JEM además dispuso su enjuiciamiento de oficio por la causal de comisión de hecho punible. La comunicación había sido realizada por el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia.

Bernardo Elizaur Aguirre responde a una imputación presentada por la fiscala Yeimy Adle, por supuesto cohecho pasivo agravado. El ministro César Garay votó por hacer lugar al desafuero, y abrir una investigación de oficio por comisión de hecho punible, y por mal desempeño en funciones, porque la conducta de Elizaur constituiría también la inmoralidad.

Además, votó por solicitar la suspensión en el cargo del agente fiscal, que debe ser estudiado luego por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, el ministro Manuel Ramírez Candia se adhirió al desafuero para que sea sometido a proceso penal, el enjuiciamiento por comisión de hecho punible y el pedido de suspensión en su cargo a la Corte Suprema.

De esta manera, al final, el JEM le quitó los fueros al fiscal Bernardo Elizaur, con lo que ahora el juez Rodrigo Estigarribia podrá admitir la imputación y fijar la fecha para la imposición de medidas cautelares, así como determinar cuándo deberá presentarse el requerimiento conclusivo.

Ahora, remitirán oficio a la Corte Suprema para que el pleno disponga la suspensión del agente fiscal Bernardo Elizaur. Además, también comunicarán lo resuelto al juez Estigarribia, para que pueda proseguir con el proceso por supuesto cohecho pasivo agravado.
En el caso, el fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre (55) y su asistente fiscal Liliana Forenciano (39) fueron descubiertos con G. 7 millones que fueron entregados en un operativo encubierto realizado por el Ministerio Público por un supuesto pedido de coima para beneficiar a un procesado por lesión grave.

El operativo fue realizado por la fiscala Yeimy Adle, acompañada por efectivos de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía. Allanó la Fiscalía de Emboscada, ubicada sobre las calles Arecutacuá y San Agustín, donde se hizo la entrega vigilada que terminó con la incautación del dinero.

La denuncia del caso fue presentada por la defensa del imputado Mauricio Soel Méndez Gómez, procesado por lesión grave. Supuestamente, el agente requirió a través de su asistente la suma de G. 10 millones para pedir el sobreseimiento.

El agente fiscal Luis Trinidad Colmán, en representación del Ministerio Público, logró una condena de 15 años de prisión para Daniel Merlo Maciel (27), declarado culpable por los hechos punibles de robo agravado y coacción sexual. Los cargos se basan en los artículos 128 y 167 del Código Penal, en concordancia con los artículos 26, 27 y 29 del mismo cuerpo legal.

Durante el juicio, que se celebró este viernes 12 de septiembre de 2025, el fiscal presentó pruebas documentales y testimoniales que fueron fundamentales para demostrar la participación del acusado en los crímenes. Por ello, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Flavia Lorena Recalde e integrado por los magistrados Milciades Ovelar y Emilia Santos, emitió el fallo condenatorio.

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 03:35 horas. La víctima fue una comerciante. Esa madrugada, el ahora condenado forzó el portón de acceso, ingresó a una despensa que funciona frente a la casa y comenzó a sustraer dinero de la caja y otros objetos de valor.

Luego, se dirigió a la habitación de la dueña, quien se había despertado al escuchar ruidos. Con un machete en mano, Merlo Maciel la amenazó, le exigió más dinero y le ordenó desconectar el sistema de circuito cerrado. Acto seguido, y siempre bajo amenaza, sometió sexualmente a la mujer.Sin embargo, el hijo de la víctima, al levantarse sorprendió a Merlo Maciel, quien salió corriendo del lugar, desnudo. En su apuro, dejó abandonados en la habitación los objetos robados y su short, el cual aún contenía el dinero sustraído en sus bolsillos.

Posteriormente, el agresor fue detenido por agentes policiales y procesado por la Fiscalía. Este proceso culminó con su condena a 15 años de pena privativa de libertad. Actualmente, Merlo Maciel se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

La agente fiscal Cinthia Leiva Cardozo imputó a un hombre de 29 años por un hecho punible contra la autonomía sexual (coacción sexual y violación), previsto en el artículo 128, inciso 1, del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso 1. El sospechoso se encuentra recluido de forma provisoria en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición de la Justicia.

El hecho se produjo el 8 de setiembre de 2025, alrededor de las 11:30 horas, frente a la Gobernación del Alto Paraná, sobre la avenida Bernardino Caballero del barrio Boquerón. La víctima, una mujer de 22 años, aguardaba un ómnibus cuando el procesado cruzó la peatonal y, al pasar a su lado, la manoseó.

Tras el ataque, la joven reclamó al agresor, pero este respondió con burlas. Ante la situación, pidió auxilio a dos compañeros de trabajo, quienes acudieron de inmediato al lugar y lograron reducir al sindicado. Posteriormente lo entregaron a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Como elementos de sospecha se tienen el informe policial sobre el caso y la denuncia presentada por la joven, que documentan la aprehensión del sospechoso y los detalles del hecho denunciado. Asimismo, la representación pública valoró la declaración de la víctima, quien relató las circunstancias del ataque.

De igual modo, la agente fiscal Cinthia Leiva tuvo en cuenta el informe de asistencia emitido por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público en la misma fecha. Al considerar estos elementos de sospecha, la representación pública resolvió imputar al presunto agresor y solicitó al Juzgado de Garantías la aplicación de la prisión preventiva.