El Ministerio Público, representado por la agente fiscal Olga Patricia Melgarejo, consiguió una condena de 8 años de prisión para el autor de un atraco armado. Se trata de Juan Antonio Pico Rodríguez (34), quien fue hallado culpable de robo agravado.

El juicio oral tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, ocasión en que la representante de la ciudadanía produjo pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad penal del acusado. Por lo tanto, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Carlos Vera Ruiz y conformado por las magistradas Margarita Martínez y Gloria Vera, emitió el fallo condenatorio.

La acusación fiscal refiere que el hecho ocurrió el 3 de agosto de 2023, alrededor de las 15:20 horas, en una vivienda ubicada en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. En ese momento, el hoy sindicado irrumpió en el lugar a bordo de una motocicleta de la marca Kenton GTR 200, y de inmediato encañonó con arma de fuego a las víctimas Alcides Guzmán Genes y Alcira Álvarez de Genes, a quienes sustrajo dos teléfonos celulares de la marca Samsung, ambos modelos A53.

Luego de perpetrar el asalto, el criminal huyó rápidamente del lugar con paradero desconocido. Pero, el 10 de agosto de 2023, las víctimas observaron publicaciones periodísticas sobre la detención de Pico Rodríguez por otro hecho punible y lo reconocieron plenamente, por lo que fue procesado por el asalto contra la pareja y ahora condenado a 8 años de pena privativa de libertad.

La Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo n.º 3 de Alto Paraná, a cargo del agente fiscal Edgar Benítez Delgado, procedió a la inutilización de un importante lote de productos falsificados por disposición judicial.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de octubre en el depósito de la Fiscalía de Ciudad del Este, y los artículos destruidos consistían en baterías para cámaras fotográficas de la marca Canon. El mandamiento judicial fue emitido por la magistrada María de Fátima Burró, en el marco de un anticipo jurisdiccional de pruebas. Los productos, que son nocivos para el medio ambiente, fueron enterrados en un tambor con cemento.

De acuerdo con los antecedentes, las mercaderías inutilizadas fueron incautadas durante varios allanamientos realizados en locales comerciales ubicados en el microcentro de la capital del Alto Paraná.

Entre los comercios intervenidos figuran Philitronic S.A. y Centro de las Cámaras, de donde fueron incautadas una cantidad considerable de baterías Canon y cajas vacías de la misma marca. En relación con el caso, está imputado el comerciante Hassan Modmoud Feahs, quien reconoció ante la unidad fiscal que comercializaba los productos falsificados.

El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta denunció que supuestos adherentes del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intimidaron a los funcionarios del Ministerio Público que se presentaron en la zona para realizar unas diligencias en el marco de una investigación abierta por la supuesta la sobrefecturación de obras en la Costanera Ñande Renda.

Explicó el representante del Ministerio Público que, los funcionarios, entre ellas varias mujeres, este martes se vieron obligados a abandonar la constitución fiscal porque temieron por su integridad física ante las acciones agresivas de las personas desconocidas, pero que serían seguidoras del lord mayor esteño.

Corbeta señaló que junto a sus colegas Alma Zayas y Verónica Valdez inició esta causa y los funcionarios del Ministerio Público debían realizar una pericia, un informe técnico, medición de las obras ejecutadas, para comparar luego con las especificaciones técnicas presentadas en el marco de las denuncias, sin embargo, entre 30 y 40 personas actuaron con mucha belicosidad en contra de los peritos, asistentes y choferes que estaban trabajando.

Según las denuncias presentadas en el año 2020 por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, las sobrefacturaciones en las obras en la costanera municipal y las obras complementarias treparían a cerca de G. 2.500 millones, según lo manifestado por el fiscal interviniente, quien agregó que supuestamente se adjudicaron los trabajos a una empresa que presentó una oferta más elevada.