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JUDICIALES

Solicitan prisión para «falso guía turístico» por cometer asalto

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El fiscal Osvaldo Zaracho imputó a un hombre presuntamente involucrado en un hecho de robo agravado y solicitó su prisión preventiva. El mismo está identificado como Alexis Aníbal Cantero Portillo (20), quien se encuentra privado de libertad a disposición de la Justicia.

Según la investigación, el sospechoso habría cometido el hecho el 10 de octubre, pasado, alrededor de las 12:00 horas, en el interior del establecimiento comercial denominado «PIXCELL», situado en el edificio Bella Vista, en la intersección de la avenida Alejo García y Paso Pucú, en el Área 2 de Ciudad del Este.

En esa ocasión, Cantero Portillo llegó con el propósito supuestamente de retirar dos teléfonos celulares a nombre del señor Marcos Soares. Ambos dispositivos eran de la marca IPHONE, uno del modelo 15 Pro, con capacidad de 128 GB, y el otro del modelo 15 Pro Max, con 256 GB de almacenamiento, por un valor de 2.662 dólares.

Una vez en el lugar, fue atendida por la señora Patricia Mabel Fleitas Ortega, quien le preparó los aparatos telefónicos y le informó que estaba esperando la transferencia bancaria de parte de Soares. Mientras, le tomó una fotografía para fines publicitarios de la empresa. Luego, le indicó que se sentara y esperara el pago por los teléfonos.

Sin embargo, en un momento en que la víctima le dio la espalda, Alexis Aníbal la empujó y exhibiendo un arma de fuego tipo pistola que llevaba en la cintura. Seguidamente, le exigió la entrega de los celulares, advirtiéndole que se mantuviera en silencio. Posteriormente, se apoderó de los celulares y huyó del lugar.

Tras la denuncia, los investigadores pudieron localizar y detener al presunto delincuente mediante la fotografía que le habían tomado en el local comercial. Después de analizar los antecedentes y las pruebas recopiladas, el fiscal Zaracho encontró suficientes indicios de la participación de Cantero Portillo en el hecho punible contra la propiedad.

 

 

 

 

 

 

JUDICIALES

Condenan a 8 años de cárcel al autor de un atraco armado

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El Ministerio Público, representado por la agente fiscal Olga Patricia Melgarejo, consiguió una condena de 8 años de prisión para el autor de un atraco armado. Se trata de Juan Antonio Pico Rodríguez (34), quien fue hallado culpable de robo agravado.

El juicio oral tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, ocasión en que la representante de la ciudadanía produjo pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad penal del acusado. Por lo tanto, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Carlos Vera Ruiz y conformado por las magistradas Margarita Martínez y Gloria Vera, emitió el fallo condenatorio.

La acusación fiscal refiere que el hecho ocurrió el 3 de agosto de 2023, alrededor de las 15:20 horas, en una vivienda ubicada en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. En ese momento, el hoy sindicado irrumpió en el lugar a bordo de una motocicleta de la marca Kenton GTR 200, y de inmediato encañonó con arma de fuego a las víctimas Alcides Guzmán Genes y Alcira Álvarez de Genes, a quienes sustrajo dos teléfonos celulares de la marca Samsung, ambos modelos A53.

Luego de perpetrar el asalto, el criminal huyó rápidamente del lugar con paradero desconocido. Pero, el 10 de agosto de 2023, las víctimas observaron publicaciones periodísticas sobre la detención de Pico Rodríguez por otro hecho punible y lo reconocieron plenamente, por lo que fue procesado por el asalto contra la pareja y ahora condenado a 8 años de pena privativa de libertad.

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JUDICIALES

Destruyen productos falsificados por orden judicial

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La Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo n.º 3 de Alto Paraná, a cargo del agente fiscal Edgar Benítez Delgado, procedió a la inutilización de un importante lote de productos falsificados por disposición judicial.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de octubre en el depósito de la Fiscalía de Ciudad del Este, y los artículos destruidos consistían en baterías para cámaras fotográficas de la marca Canon. El mandamiento judicial fue emitido por la magistrada María de Fátima Burró, en el marco de un anticipo jurisdiccional de pruebas. Los productos, que son nocivos para el medio ambiente, fueron enterrados en un tambor con cemento.

De acuerdo con los antecedentes, las mercaderías inutilizadas fueron incautadas durante varios allanamientos realizados en locales comerciales ubicados en el microcentro de la capital del Alto Paraná.

Entre los comercios intervenidos figuran Philitronic S.A. y Centro de las Cámaras, de donde fueron incautadas una cantidad considerable de baterías Canon y cajas vacías de la misma marca. En relación con el caso, está imputado el comerciante Hassan Modmoud Feahs, quien reconoció ante la unidad fiscal que comercializaba los productos falsificados.

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JUDICIALES

Turba de hurreros de Prieto intentaron evitar trabajo fiscal

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El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta denunció que supuestos adherentes del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intimidaron a los funcionarios del Ministerio Público que se presentaron en la zona para realizar unas diligencias en el marco de una investigación abierta por la supuesta la sobrefecturación de obras en la Costanera Ñande Renda.

Explicó el representante del Ministerio Público que, los funcionarios, entre ellas varias mujeres, este martes se vieron obligados a abandonar la constitución fiscal porque temieron por su integridad física ante las acciones agresivas de las personas desconocidas, pero que serían seguidoras del lord mayor esteño.

Corbeta señaló que junto a sus colegas Alma Zayas y Verónica Valdez inició esta causa y los funcionarios del Ministerio Público debían realizar una pericia, un informe técnico, medición de las obras ejecutadas, para comparar luego con las especificaciones técnicas presentadas en el marco de las denuncias, sin embargo, entre 30 y 40 personas actuaron con mucha belicosidad en contra de los peritos, asistentes y choferes que estaban trabajando.

Según las denuncias presentadas en el año 2020 por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, las sobrefacturaciones en las obras en la costanera municipal y las obras complementarias treparían a cerca de G. 2.500 millones, según lo manifestado por el fiscal interviniente, quien agregó que supuestamente se adjudicaron los trabajos a una empresa que presentó una oferta más elevada.

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