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JUDICIALES

Imputan a contador y a sus cómplices por muerte de un hombre

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La agente fiscal Emilce Ovelar imputó a un hombre por homicidio doloso y a otros dos cómplices, quienes también fueron procesados por omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración de la persecución y ejecución penal. Los sindicados son Wilfrido Daniel Giménez Insfrán (37), Gustavo Ramón Aquino Amarilla (26) y Juan Antonio Quintana. Todos ellos se encuentran detenidos en sede policial con pedido de prisión preventiva.

Según la investigación, el hecho ocurrió este 26 de octubre, a las 09:30 horas, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio San Lorenzo de Presidente Franco. En esa ocasión, Giménez Insfrán se encontraba manipulando una escopeta, momento en el que habría disparado dos veces, impactando los proyectiles en Edgar Diosnel Ramírez Martínez, quien se encontraba en el lugar. Este cayó al suelo gravemente herido.

Seguidamente, el presunto autor, en lugar de auxiliarlo rápidamente, tomó el arma y la ocultó en la casa de su madre, quien vive en los alrededores. Después, solicitó la asistencia de su amigo Juan Antonio Quintana para socorrer a la víctima. Este, a su vez, llamó a Gustavo Ramón Aquino y le pidió que se presentara en el lugar para ayudarles, sin dar aviso a las autoridades policiales.

A continuación, los citados trasladaron al herido hasta el hospital de Emergencias Médicas de Ciudad del Este, donde posteriormente se produjo su deceso. Quintana habría llevado su vehículo al lavadero para ocultar evidencias y también habría borrado sus mensajes para frustrar la investigación, pues utilizó el rodado para trasladar a Edgar Diosnel al centro asistencial.

Al tomar conocimiento del suceso, el Ministerio Público inició la investigación, que derivó en la detención de los tres sospechosos, quienes enfrentan los cargos respectivos.

 

 

 

 

 

JUDICIALES

Condenan a pareja por tenencia de estupefacientes

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El agente fiscal Elvio Aguilera Vázquez obtuvo la condena de una pareja hallada culpable por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, en un juicio oral y público que se llevó a cabo este viernes en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

Los sentenciados son Mario Alcides Benítez Benítez (38) y María Vicenta Cáceres (53). El primero fue condenado a 6 años de pena privativa de libertad en calidad de autor, mientras que la mujer recibió una sanción penal de 2 años en calidad de cómplice.

Según los antecedentes, la detención de ambas personas se produjo el 4 de octubre de 2023, a las 17:40 horas aproximadamente, durante el allanamiento de una vivienda ubicada en el kilómetro 10, fracción La Chacra, de Ciudad del Este.

En esa ocasión, una comitiva de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional incautaron del lugar 18,7 gramos de crack (cocaína) y 273 gramos de marihuana para la venta al menudeo.

Los hoy condenados tenían ocultas las porciones de sustancias prohibidas en los bolsillos, en el caso del hombre y la mujer en su ropa interior. Además de las drogas, los intervinientes también requisaron la suma de 1.289.000 guaraníes en efectivo, dinero producto de la venta de estupefacientes.

Basándose en los elementos probatorios, el fiscal Aguilera abrió el proceso penal contra la pareja, lo que finalmente derivó en la condena. Asimismo, por pedido del representante del Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia, integrado por Oscar Gabriel Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba, ordenó el comiso de los billetes incautados.

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Tras ínfima condena, se hará nuevo juicio para secuestradores

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El Ministerio Público, representado por la agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, logró anular la ínfima condena impuesta a tres secuestradores del productor brasileño Luis Carlos Tamiozzo, quienes el 19 de junio de 2024 fueron sentenciados por un Tribunal de Caazapá, compuesto por los jueces Carlos López, Osvaldo Rivas y Eugenio Furler. Los condenados fueron Reinaldo Noldín Cáceres, quien recibió 15 años de pena privativa de libertad; César Ramón Acosta, sentenciado a 13 años; y Luis Salvador Espínola, quien recibió una sanción de 6 años de pena carcelaria. Los citados deberán enfrentar un nuevo juicio oral. 

A criterio de la titular de la Unidad Especializada Antisecuestro de Alto Paraná, las penas impuestas no condicen con los tipos penales acusados ni con las pruebas producidas durante el juicio oral, por lo que presentó un recurso de apelación en busca de obtener una mayor condena de los criminales, quienes fueron hallados culpables por secuestro y privación de libertad del extranjero. 

Pero, los integrantes del órgano juzgador absolvieron de pena y reproche a los sindicados por los hechos punibles de extorsión, extorsión agravada, asociación criminal y producción de riesgos comunes, pese a las pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público.

Con la resolución del Tribunal de Alzada de Caazapá, conformado por los camaristas Guido Ramón Melgarejo, Margarita Miranda Brítez y Edgar Adrián Urbieta Vera, emitida este 29 de agosto de 2024, se deberá llevar a cabo un nuevo juicio oral, con otro Tribunal de Sentencia.

Según los antecedentes, el plagio fue cometido el 13 de junio de 2020, en un establecimiento rural ubicado en la compañía Oro Verde, distrito de Tava’i, ocasión en que los delincuentes irrumpieron en el lugar fuertemente armados y encapuchados, reduciendo primeramente al capataz Eduardo Rey Molas y luego se llevaron a la fuerza al brasileño, a quien también despojaron de la suma de 900 dólares y 1.500.000 guaraníes.

Los secuestradores condujeron a la víctima hasta el primer cautiverio, en un monte, y desde allí se comunicaron a través de su celular con la hija Vanesa Tamiozzo, a quien exigieron 50.000 dólares por el rescate. A partir del tercer día, los marginales que custodiaban al productor se quitaron sus capuchas y de esa forma este pudo ver los rostros de César Ramón, quien salía en busca de provisiones, y Reinaldo Noldín, quien enviaba los mensajes a la familia y se encargaba de custodiarlo.

Los otros integrantes de la banda,  Luis Salvador Espínola y José Arturo Acosta Espínola (rebelde), apoyaban desde otros sectores. Luego, iban cambiando sucesivamente de lugares de cautiverio y aumentaron a 100.000 dólares la exigencia de pago. Incluso, amenazaron con matar al hombre en caso de dar participación a las autoridades. El 18 de julio de 2020, César Acosta salió en busca de víveres hasta la colonia Toranzo, siendo detenido por agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional.

De su poder requisaron el celular del extranjero. Inmediatamente, los intervinientes incursionaron en el monte, pero Noldín tuvo tiempo de sacar del lugar al secuestrado. En el sitio quedaron abandonados ropas, armas de fuego, celulares, provisiones y documentos. El 23 de julio, Reinaldo, al quedarse sin recursos, salió hasta la vivienda de un conocido y pidió prestado un teléfono y alimentos.

Esta situación fue aprovechada por Luis Carlos para escapar y cruzar un arroyo, hasta llegar a la casa de un poblador, pidiendo ayuda para ser auxiliado por las autoridades, tras estar 40 días en cautiverio.

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Imputan a brasileño por maltratar a su pareja

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La fiscal Natalia Montana imputó a un ciudadano brasileño sindicado de maltratar física y verbalmente a su pareja, a quien supuestamente mantuvo encerrada a la fuerza en una residencia del Paraná Country Club.

El presunto agresor está identificado como Paulo Ricardo Franco, quien enfrenta cargos por violencia familiar y transgresión de la Ley de Armas.Conforme con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 21 y el 25 de agosto pasado, lapso en el que el sindicado habría propinado varios golpes de puño a la víctima, además de maltratarla verbalmente.

También se le acusa de morderla presuntamente en el brazo izquierdo, produciéndole lesiones.La víctima sospecha que su concubino se encontraba presumiblemente paranoico a raíz del consumo de sustancias estupefacientes, ya que estaba totalmente descontrolado y la mantuvo retenida fuera de su voluntad durante cuatro días en la casa, según refirió.

El 25 de agosto, tras una discusión, el hombre salió de la casa, llevándose una mochila que contenía un arma de fuego. La afectada aprovechó esa circunstancia y alertó a los agentes del Puesto Policial n.º 1, quienes interceptaron al presunto autor y procedieron a su aprehensión. De su poder requisaron un arma, de la marca Glock, modelo GEN 5.

En el marco de la investigación del caso, la Fiscalía pudo determinar que Paulo Ricardo cuenta con antecedentes en Brasil por tráfico de estupefacientes y contra la ley de tóxicos.

La fiscal Montana solicitó su prisión preventiva a raíz de la gravedad de sus actos y ante el peligro de fuga existente.

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