La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – Ministerio de Justicia sobre la situación de las condenas y la situación de las penitenciarías del país”. El mismo fue presentado por la diputada Alexandra Zena (CN-Central).
Según el documento, la institución debe proveer datos acerca del número de penitenciarías habilitadas, como así también las que están a punto de habilitarse.
Asimismo, indaga sobre la capacidad de albergue de reclusos de cada penitenciaría, y sobre la situación edilicia de las diferentes cárceles, fecha de construcción, habilitación de obras, infraestructura de cada una (baños, habitaciones, direcciones, áreas de trabajo, etc.).
Solicita, igualmente, indicar las empresas adjudicadas por licitación o contratación directa para el mantenimiento de cada penitenciaría, además, de proveer nombres de los defensores públicos asignados a cada uno de los establecimientos, cantidad de reclusos del país, y planilla del registro de cada una de ellas.
La parlamentaria también pidió conocer el número de internos no condenados, así también detalles de los programas de reinserción por cada penitenciaría, entre otros ítems.
Sobre medidas sustitutivas a la prisión
Otra iniciativa de la diputada Zena, que también fue aprobada por la Cámara Baja, es el proyecto de resolución “Que pide al Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia, sobre casos de medidas sustitutivas a la prisión por cuestiones de violencia o acercamiento a personas o instituciones”.
En este sentido, la parlamentaria solicitó conocer la cantidad de beneficiarios con medidas alternativas a la prisión por cuestiones de violencia, acercamiento de personas o instituciones; además, datos personales de los beneficiarios, fecha de resolución de las medidas, fecha de finalización de las medidas, lugar de residencia (departamento, ciudad, o real adecuada).
Asimismo, las medidas sustitutivas otorgadas a los beneficiarios (arrestos domiciliarios, obligación de someterse a vigilancia, presentarse ante un juzgado periódicamente o estación de policía de su barrio, prohibición de concurrir con ciertas personas, la presentación de una caución personal, o real adecuada).
En otro punto, pidió conocer la cantidad de casos de reincidencia por acercamiento a personas o instituciones que hayan terminado en un dictamen de prisión preventiva.
Ambas instituciones requeridas tienen 15 días para remitir la información requerida por la Cámara de Diputados.
