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JUDICIALES

Imputan a seis hombres detenidos con escopetas y pistolas automáticas

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El agente fiscal Alfredo Acosta Heyn imputó a seis hombres que fueron detenidos con armas automáticas en abierta transgresión a la Ley 4036/10 de Armas de Fuego y Municiones. Los procesados son: Lorenzo Anderson Stiven Núñez (25), Juan Andrés Gómez (37), Miguel Ángel Manzoni Mendoza (37), Julio César Fretez Báez (28), Óscar Rubén Rodríguez Brítez (44) y Lorenzo Portillo González (50), todos ellos domiciliados en la ciudad de Presidente Franco.

Según la investigación, agentes policiales de la subcomisaría número 16 de la colonia Santo Domingo del distrito de Yguazú obtuvieron información sobre el transporte ilegal de armas de fuego en un vehículo por parte de los sospechosos, desde Juan León Mallorquín hacia Ciudad del Este.

Por tal motivo, realizaron un control estricto en la Ruta PY02, a la altura del kilómetro 268. De esta manera, los agentes interceptaron con la patrullera el automóvil Toyota, modelo Wish, color plateado, año 2023, chapa número AAPJ288PY, a nombre de Miguel Rolón Amarrilla.

Posteriormente, se procedió a la verificación del rodado y se hallaron en su interior tres escopetas automáticas, calibre 12mm, de la marca Derya, modelo VR70, todas con cargadores (dos cortos y uno largo). Además de cuatro pistolas 9mm, de las marcas Glok y Kor respectivamente, con cargadores. Cabe destacar que las armas están registradas a nombre de los ahora procesados.

Inmediatamente, los intervinientes procedieron a la aprehensión de los presuntos responsables y a la incautación de las armas y el vehículo. A continuación, comunicaron el hecho al fiscal Acosta Heyn, quien ordenó la detención de los sindicados.

Tras reunir diversos elementos incriminatorios, el representante del Ministerio Público presentó la imputación correspondiente. Los encausados quedaron a disposición del Juzgado de Garantías.

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Turba de hurreros de Prieto intentaron evitar trabajo fiscal

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El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta denunció que supuestos adherentes del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intimidaron a los funcionarios del Ministerio Público que se presentaron en la zona para realizar unas diligencias en el marco de una investigación abierta por la supuesta la sobrefecturación de obras en la Costanera Ñande Renda.

Explicó el representante del Ministerio Público que, los funcionarios, entre ellas varias mujeres, este martes se vieron obligados a abandonar la constitución fiscal porque temieron por su integridad física ante las acciones agresivas de las personas desconocidas, pero que serían seguidoras del lord mayor esteño.

Corbeta señaló que junto a sus colegas Alma Zayas y Verónica Valdez inició esta causa y los funcionarios del Ministerio Público debían realizar una pericia, un informe técnico, medición de las obras ejecutadas, para comparar luego con las especificaciones técnicas presentadas en el marco de las denuncias, sin embargo, entre 30 y 40 personas actuaron con mucha belicosidad en contra de los peritos, asistentes y choferes que estaban trabajando.

Según las denuncias presentadas en el año 2020 por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, las sobrefacturaciones en las obras en la costanera municipal y las obras complementarias treparían a cerca de G. 2.500 millones, según lo manifestado por el fiscal interviniente, quien agregó que supuestamente se adjudicaron los trabajos a una empresa que presentó una oferta más elevada.

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Kassem Mohamad Hijazi fue liberado en EE.UU. y ya está en Brasil

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El abogado Eduardo Cazenave, representante legal del empresario brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, extraditado en julio de 2022 desde Paraguay a los Estados Unidos, confirmó que su cliente fue liberado y se encuentra en Brasil. La noticia fue difundida a través de una entrevista concedida a Radio Ñandutí.

Hijazi fue arrestado en agosto de 2021 en el microcentro de Ciudad del Este durante un operativo de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (S.I.U.) de la SENAD, bajo la dirección del fiscal Marcelo Pecci. Su captura fue considerada de gran importancia tanto para Paraguay como para Estados Unidos, dado su rol en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.

Tras su extradición, el empresario fue juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fue formalmente acusado de cuatro cargos de lavado de dinero y por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. En un acuerdo judicial, Hijazi se declaró culpable de uno de los cargos, lo que derivó en una sentencia monetaria de casi 250.000 dólares y el decomiso de más de tres millones de dólares, distribuidos en varias cuentas bancarias bajo vigilancia de la Agencia de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional.

La Fiscalía de Nueva York, representada por la fiscal Audrey Strauss, alegó que Hijazi dirigió un negocio no licenciado de transmisión de dinero entre 2018 y 2020, afectando el comercio interestatal e internacional. Según la imputación, transfirió fondos dentro y fuera de Estados Unidos sin las licencias correspondientes, infringiendo leyes estatales y federales.Con esta liberación, Hijazi regresa a Brasil, tras cumplir con el acuerdo judicial que puso fin a su proceso en los Estados Unidos.

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Imputan a propietario de aeronave sindicado de formar parte de una estructura dedicada al tráfico de drogas

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El agente fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico n.° 1 del Alto Paraná, presentó imputación en contra de Junior Iván Brizuela, por la presunta comisión del hecho punible contra la Ley 1340/88 y sus modificaciones así como contra la prueba documental.

El interviniente cuenta con elementos de sospechas suficientes en contra de Brizuela, quien supuestamente formaría parte de una organización criminal estructurada para realizar hechos contra la ley especial de drogas, donde el mismo habría facilitado su avioneta, a los efectos de transportar en la misma sustancia prohibida.

De acuerdo a la causa investigada, en fecha 22 de noviembre de 2020, siendo las 16:30, en la vía pública, en un camino vecinal de la Colonia Santa María del distrito de Itakyry, departamento del Alto Paraná, tras informaciones recibidas por la Senad, de que un grupo criminal estaría operando en la zona, en una pista clandestina los días domingos.

Los intervinientes montaron vigilancia en las inmediaciones, logrando divisar la avioneta a punto de descender, sin embargo, tras una maniobra volvió a tomar vuelo hacia el este, por lo que los agentes realizaron el seguimiento a la aeronave y específicamente a unos 19 kilómetros observaron una humareda y al llegar al lugar hallaron la avioneta totalmente incinerada.

En el sitio fueron halladas restos de sustancias blanquecinas ardiendo en llamas, incautándose del lugar 1.655 (un kilo con seiscientos cincuenta y cinco gramos) de dicha sustancia. Posteriormente, las sustancias fueron pesadas y sometidas a análisis primario de campo por el sistema narcotest por un agente especial de la SENAD, para lo cual extrajo una muestra de las evidencias, arrojando un resultado positivo a supuesta cocaína, con un peso total de 1.655 (un kilo con seiscientos cincuenta y cinco gramos).

El procesado se presentó ante la Fiscalía, a través de su abogado, un contrato privado de venta de la aeronave, con una hoja de certificación de firmas por escribanía pública, que según informe se trataría de un documento sustraído y no auténtico, tratando de esa forma desvincularse de la presente investigación.

El Ministerio Público dio seguimiento a las investigaciones librado oficio a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil solicitando un informe sobre las condiciones de dominio de la aeronave de referencia, del cual se desprende que la misma se encuentra registrada en el Registro Aeronáutico Nacional (RAN), a favor del imputado.

La representación fiscal solicitó informe a la Unidad n. ° 4 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción, a cargo del agente fiscal Osmar Alberto Segovia, sobre el estado procesal de la causa n. ° 3378/22 «Fernando García Adorno s/ h.p. c/ la ley 1340/88», y específicamente, con relación a Brizuela; informando que el mismo no se encuentra imputado ni cuenta con orden de detención siendo el punto común existente entre ambas causas es la referida aeronave.

En fecha 5 de agosto del año 2024, se presentó ante el Ministerio Público el abogado del hoy imputado, a los efectos de presentar poder otorgado por el procesado y tomar intervención en la presente causa, oportunidad en que había agregado un contrato privado de compra venta de la citada aeronave, de fecha 8 de mayo de 2.020, entre el imputado Junior Iván Brizuela y el señor Isaque Dos Santos De Souza, con una hoja de certificación de firmas, razón por la cual ésta representación fiscal solicitó un informe a dicha escribanía, a los efectos de que remita copia autenticada del libro de registro de firmas; informando la escribana que la hoja de certificación de firmas fue sustraída de su oficina por Cristhian Ariel Rodríguez Cantero, autor confeso del hecho, contra quien inclusive ya fue abierta una causa penal, ya finiquitada a la fecha, anexando a su vez copia de su denuncia ante la Comisaría 11 de Asunción y la comunicación del hurto de hojas de certificación de firmas a la Corte Suprema de Justicia, Superintendencia General de Justicia.

Ante tales circunstancias se sospecha suficientemente que Brizuela sería miembro de una organización dedicada al tráfico de drogas donde el mismo sería el encargado de proporcionar la aeronave de su propiedad para el transporte de drogas; además habría utilizado un documento no auténtico con intención de inducir al error a esta representación fiscal y desvincularse de la investigación.

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