La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín presentó acusación contra cinco hombres que habrían perpetrado delitos ambientales mediante la explotación irregular de una cantera en Minga Guazú y solicitó la apertura de juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado de Garantías n.º 3, a cargo del magistrado Carlos Vera Ruiz.
La acusación promovida por la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente de Alto Paraná es contra Roberto Merardo Almirón Acha, César Miguel Almirón Acha, Arnaldo Ramón Quisama Feltes, César Emanuel Almirón Acha y Josías Ramón Quisama Cuyua, quienes quedaron a cargo de la Justicia.
Los citados enfrentan proceso por hechos punibles previstos y penados en la Ley 716/16 referentes a «los que eluden las obligaciones legales de medidas de mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas», «se requerirá evaluación de impacto ambiental para los proyectos de obras o actividades públicas o privadas», «extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos», «producción de riesgos comunes, explosión mediante materiales explosivos u otros agentes, avalanchas”.
Según antecedentes, el 21 de agosto de 2017, Roberto Merardo, celebró un contrato con King Tai Chang para la explotación de la cantera, quien en ese entonces tenía una licencia ambiental. Sin embargo, no fue renovado y el contrato quedó sin efecto. Pero posteriormente, los hoy imputados se pusieron de acuerdo con la explotación, elaboración, extracción, procesamiento y comercialización de piedras en forma clandestina, pues no tenían ninguna autorización del propietario.
El Ministerio Público inició las investigaciones en julio de 2023, tras la denuncia de King Tai Chang, dueño del inmueble explotado, situado en el km 26, lado Monday, distrito de Minga Guazú. Una comitiva fiscal se constituyó en el lugar y constató que los hoy encausados estaban en plena actividad. Incluso el conductor de un camión que se encontraba en el sitio se dio a la fuga al percatarse de la presencia de los intervinientes.
Un técnico ambiental dictaminó en su oportunidad, que el área en cuestión constituye el sitio donde se desarrollaba la extracción de piedras. Había maquinarias pesadas, rastros de desprendimientos que fueron efectuados con explosivos y otros vestigios que daban cuenta de que los trabajadores apeligraban sus vidas, dado que se desempeñaban sin ninguna medida de seguridad, pues no contaban con equipos de protección.
La Fiscalía constató igualmente que no hay registro de declaración de impacto ambiental, así como tampoco informe de auditoría de cumplimiento del plan de gestión ambiental. El denunciante sí cuenta con una declaración de impacto ambiental, pero los trámites ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) se realizaron hasta la obtención de ese registro, no así los demás requerimientos que avalen la explotación de la cantera intervenida.
Tras recopilar los elementos de sospecha, la Fiscalía Especializada inició la investigación en su momento y presentó imputación contra las cinco personas involucradas en los delitos ambientales. Finalmente, tras completarse el plazo establecido por el Juzgado se formuló la acusación correspondiente.
