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JUDICIALES

Imputan a argentino depravado que abusaba sexualmente de tres hijas menores

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El fiscal Edgar Benítez Delgado imputó a un ciudadano argentino sindicado de someter sexualmente de forma sistemática a sus tres hijas menores, que actualmente tienen 10, 12 y 17 años. Las citadas nacieron, al igual que otros cinco hermanos, justamente como producto de abusos sufridos a la madre de parte del presunto abusador.

El procesado, quien se encuentra privado de libertad en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná, enfrenta cargos por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual, violación e incesto.

Según los antecedentes, dichas agresiones se produjeron desde el 2019 en la vivienda familiar ubicada en el barrio Tres Fronteras de ciudad Presidente Franco. Inicialmente, el hombre manoseaba supuestamente a la hija que en ese entonces tenía 12 años (actualmente está con 17), hasta que en el 2021 habría consumado el coito. Sin embargo, luego la víctima se resistió a seguir siendo sometida por el padre, pese a las amenazas.

Allí, el imputado comenzó presuntamente a tocar a la otra hija que en aquel momento tenía 11 años, con quien igualmente llegó al coito. Aunque, después, la misma también se negó a seguir siendo abusada por el padre. Este, presumiblemente, decidió entonces atacar a la hija de 10 años, pero la misma confesó el hecho y se radicó la denuncia, que derivó en la detención del presunto agresor sexual.

En el marco de la investigación del caso se pudo determinar que el argentino a inicios de 1994 habría también abusado sexualmente de la madre de las niñas, quien en aquel entonces era su hijastra. Producto de los abusos nacieron otros cinco hijos. En aquel tiempo, la familia residía en Ciudad del Este, según la pesquisa.

Las menores fueron asistidas por un médico forense del Ministerio Público y por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas, quienes confirmaron plenamente los abusos sexuales. En consecuencia, el fiscal Edgar Benítez presentó la imputación contra el supuesto abusador y requirió su prisión.

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Imputan a directivo de local de automotores por acosar sexualmente a empleada

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El agente fiscal Luis Trinidad Colmán presentó imputación contra Oscar Adrián Posteguillo Rojas (30), directivo de una firma de automotores, por el supuesto delito contra la autonomía sexual (acoso sexual) en perjuicio de una empleada de la firma.

La denuncia fue radicada por la víctima que  señaló que los acosos se produjeron de manera sistemática desde dos meses antes de la presentación de la acción penal, en el interior de la firma denominada “HVN Automotores” de Ciudad del Este.

El imputado, quien por el período de 2 años se desempeñó como jefe de la víctima en el sector administrativo, y además es hermano del dueño de la empresa en cuestión, habría acosado sexualmente a la empleada en reiteradas ocasiones, pese a que era casado y sabiendo que la víctima también estaba en pareja, refiere el acta de imputación.

En la carpeta de investigación fiscal obra la declaración testimonial pormenorizada de la víctima y otros compañeros de trabajo. Además de los informes y tratamientos psicológicos recibidos por la afectada como consecuencia de los hechos de acoso sexual.

El representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas para el imputado, quien deberá cumplir con ciertas reglas de conducta, como fijar y mantener un domicilio determinado para todos los efectos legales, permanecer a disposición del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía, la obligación de no ausentarse del país y la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona solvente.

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Acusan a «pirañita» que se hizo pasar por asaltar y robar celular de alta gama

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El agente fiscal Osvaldo Zaracho acusó a un hombre involucrado en un hecho de robo agravado y solicitó su juzgamiento en un juicio oral. El acusado está identificado como Alexis Aníbal Cantero Portillo (26), quien se encuentra recluido en prisión, se trata de un conocido «pirañita» en el microcentro. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el juez Amílcar Antonio Marecos, titular del Juzgado Penal de Garantías n.º 2.

De acuerdo con los antecedentes, el atraco armado ocurrió el 10 de octubre del 2023, alrededor de las 12:00 horas, en el interior del local comercial denominado «PIXCELL», situado en el edificio Bella Vista, en la intersección de la avenida Alejo García y Paso Pucú, en el Área 2 de Ciudad del Este.

Aquella vez, Cantero Portillo llegó al lugar supuestamente con el propósito de retirar dos teléfonos celulares a nombre del señor Marcos Soares. Ambos dispositivos eran de la marca IPHONE, uno del modelo 15 Pro, con capacidad de 128 GB, y el otro del modelo 15 Pro Max, con 256 GB de almacenamiento, por un valor de 2.662 dólares.

El sujeto fue atendido por la señora Patricia Mabel Fleitas Ortega, quien le preparó los aparatos telefónicos y le informó que estaba esperando la transferencia bancaria de parte de Soares para entregarle los equipos. Mientras tanto, le tomó una fotografía para fines publicitarios de la empresa. Luego, le invitó a que se sentara y esperara a que Soares hiciera el pago por los teléfonos.

Sin embargo, en un momento en que la víctima le dio la espalda, Alexis Aníbal la empujó y exhibió un arma de fuego, tipo pistola, que llevaba en la cintura. Seguidamente, le exigió la entrega de los celulares, advirtiéndole que se mantuviera en silencio. Posteriormente, se apoderó de los artefactos y huyó del lugar.

Tras la denuncia, los investigadores policiales pudieron localizar y detener al presunto delincuente mediante la fotografía que le habían tomado en el local comercial. Posteriormente, el fiscal Zaracho presentó la imputación correspondiente y, tras cumplirse el plazo establecido por el Juzgado, formuló la acusación contra Cantero Portillo, quien se expone a varios años de pena carcelaria, atendiendo a la gravedad de sus actos.

 

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Deudores alimentarios morosos no podrán obtener registro de conducir

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La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la OPACI comunicaron que entró en vigencia la Ley N° 5415/15 en todos los municipios del país.

Esta normativa vincula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), administrado por la máxima instancia judicial, a los bancos de datos de las Municipalidades.

Dispone que todos los morosos por prestación de alimentos a sus hijos no podrán obtener registro de conducir.

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