Y uno de los grandes problemas del gobernador César “Landy” Torres sería su influyente Secretaria de Hacienda, la Lic. Fanny Giménez, quien sin ser de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) estaría manipulando los pliegos de las licitaciones para favorecer a empresas de su conveniencia personal.
Por este motivo, que ya causa mucha molestia en el entorno político del gobernador, 102 instituciones educativas no reciben el almuerzo escolar, afectando a 7.277 alumnos de hasta el 6° grados, y la totalidad de los niños de la primaria sin merienda, que serían más de 115 mil, cuatro semanas después del inicio oficial del año lectivo y en las puertas de la Semana Santa.
Esta vez la denuncia tiene que ver con la Merienda Escolar, y señala que el pliego de bases y condiciones fue amañado para direccionar una adjudicación por G. 55.000 millones. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió la semana pasada de oficio la licitación para la provisión de merienda escolar, tras una protesta de una de las empresas participantes que reveló un posible direccionamiento de la contratación hacia empresas “amigas”.
La licitación, por un valor de G. 55.000 millones, buscaba proveer leche fluida con alimentos sólidos. La denuncia fue presentada por una empresa participante y que reveló que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) fue manipulado para favorecer a empresas que ya habían sido proveedoras en el pasado.
La denuncia habla, además, de que se establecieron requisitos específicos que solo podrían cumplir empresas que ya han trabajado con la Gobernación. Menciona que se fijó un plazo de tres semanas para recorrer las instituciones educativas; incluyendo un sábado, lo que se considera impracticable e ilegal.
“Esto demuestra que se manipuló el procedimiento para que muchas empresas que no conocen bien el territorio sean amedrentadas para no participar. Las empresas beneficiadas con este procedimiento ilegal e irregular son las que yo conozco las instituciones porque ya proveyeron allá”, señala otra parte de la denuncia.
Refiere el escrito que evidencia de lo denunciado se puede constatar en las estadísticas de adjudicaciones. “Inclusive la gente de la zona sabe que ya antes del inicio, estas empresas ya tenían firmadas las actas de visita porque lo hicieron antes con sus contactos en la escuela. Esto es alevoso”, reza la protesta.
Se cree que las empresas que ya tenían conocimiento del territorio y contactos en las escuelas serían las únicas que tendrían condiciones de cumplir los requisitos y ser beneficiadas con la licitación. Por lo demás, se exige un solo tipo de galletita dulce, con sabor a limón, ignorando la preferencia de los niños por otros sabores.
Otra observación se relaciona con que la Gobernación no ha respondido a las consultas de las empresas participantes sobre las irregularidades del proceso. Ante esta situación planteada la DNCP suspendió la licitación de oficio para verificar si los actos del procedimiento se ajustan a la ley y para evitar un daño mayor al Estado.