Y también porque miembros de una misma familia participaron de mismos lotes, y resultaron gananciosos, lo cual está prohibido. Lo cierto es que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emitió la resolución 867/24 de fecha 1 de abril, respecto a la licitación pública nacional para la contratación de servicios de provisión del almuerzo escolar para algunas escuelas de municipios alejados en el Alto Paraná. El ID de la licitación es la N° 438364.
La resolución ordena la apertura del procedimiento de investigación de oficio, y designa a la Abg. Rebecca Thompson como funcionaria responsable de sustanciar el procedimiento. Se trata de la licitación para la provisión de almuerzo escolar para distintas instituciones educativas de los distritos de Itakyry, Domingo Martínez de Irala, Los Cedrales y Ñacunday, plurianual 2024-2025, convocado por el gobierno departamental de Alto Paraná.
La pesquisa se debe a una protesta presentada por una de las empresas participantes, denominada “Buen Gusto”, que señala textualmente cuanto sigue: “Solicito lo ofertado por la firma Buen Gusto, a fin de constatar si realmente su formulario de oferta reviste la calidad suficiente para desechar la oferta o si se alteró sustancialmente el contenido, teniendo en cuenta que fue descalificada irrisoriamente”, afirma.
En otro punto, señala que “asimismo, solicito sean investigadas las empresas Fasv Import Export de Fátima Sartorio Vanni, esposo de Eugenio Méndez González, de Ingenio de Alimentos; Campo Verde de Rodolfo Méndez González, hermano de Eugenio y Cuñado de Fátima Sartorio Vanni, parentesco en segundo grado de afinidad; y Distribuidora Dianita, de Manuel Antonio Méndez González, hermano de Eugenio Méndez y cuñado de Fátima Sartorio Vanni en segundo grado de afinidad”, afirma.
Luego sigue: “Todos estos super proveedores (sic) son hermanos y cotizaron en los mismos lotes, y de igual manera se llevaron la adjudicación, por lo que solicito urgentemente sea investigado por presentar ofertas alternativas y sumergibles al Art. 40 de la Ley 2051/2003, y solicito anticipo jurisdiccional de pruebas, y remitir todos los documentos relacionados a las ofertas y procedimientos internos de la institución”, mencionando la sospecha de alternación del contenido de las ofertas que compitieron con estas empresas que resultaron gananciosas.
“Asimismo, solicito sea suspendida la adjudicación hasta tanto sea resulta la investigación y en consecuencia actuar en derecho por las graves irregularidades cometidas por los miembros del comité evaluador, además de todo el procedimiento viciado de inconsistencias”, dice la protesta. Ante estas graves afirmaciones, la DNCP decidió abrir una investigación, pero hasta ahora no se produjo una suspensión del procedimiento.