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POLITICA

Fiscalía recibe una investigación ya hecha, y no debe dilatar imputación a Prieto y sus cómplices

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“Les entregamos una investigación hecha, mostrando negociados de los más hediondos con construcción de aulas para niños y mal uso del dinero del Fonacide, por eso es delicado, y queremos que inmediatamente realicen las diligencias y hagan auditorias de las obras”, afirmó en la mañana de este lunes la Lic. Magdalena Montiel, de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este.

Fue al explicar los términos de la denuncia presentada en forma institucional este lunes contra el intendente Miguel Prieto Vallejos, y varios cómplices, al convertir un “Night Club” en una empresa constructora, conformada por su entorno y funcionarios municipales, para auto adjudicarse obras por millonarios montos, obras que finalmente no son realizadas, o están mal hechas y con enormes atrasos.

Radio Concierto adelantó en su edición digital de este lunes algunos detalles de esa denuncia, que revelan una grosera trama para quedarse con el dinero que debe servir para mejorar la infraestructura en las escuelas públicas de Ciudad del Este. La denuncia apunta que Prieto, aún cuando la empresa SCDE SA, no cumplía con los contratos y tenía enormes atrasos en la terminación de las obras, seguía siendo adjudicada con otras licitaciones.

Menciona también la falta de capacidad técnica de la citada firma de maletín para encarar las obras. “Ninguno de los directivos está vinculado a obras. Los certificados de obra, firma un contador. Era una Night Club en 2021, allí se reestructura la sociedad, y actualmente es una funcionaria municipal la que maneja con su marido, que también es funcionario municipal”, afirmó Magdalena Montiel.

“Por eso estamos seguros que es una empresa de fachada, porque la supuesta dueña, y con acciones millonarias, es asalariada de la Municipalidad de Ciudad del Este”, agregó. Explicó después que en setiembre de 2022 se empieza a adjudicarse obras a esa empresa de fachada, y hoy tiene contratos vigentes por 10.700 millones, casi todos ellos por “Comisiones vecinales”, para evitar el control de los organismos públicos.

COMPLICIDAD DE LA
CONTRALORÍA Y DNCP

La denuncia presentada este lunes menciona también una cuestión grave, que es la probable complicidad de responsables de la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con estos negociados de Miguel Prieto Vallejos y su entorno municipal y personal.
“Direccionaban los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) de las licitaciones, eran modificados sus términos, porque se establecen sanciones que luego desaparecen, en las primeras obras tuvieron atrasos el doble del tiempo con la construcción de aulas. Por ejemplo, en marzo debían entregar y lo entregaron en setiembre.

Tenían que sancionarlos con multas, y eliminaron la multa punitoria del PBC”, agregó Magdalena Montiel.
“La gente de DNCP analiza todas las contrataciones, y es muy raro que no se hayan percatado que en el PBC no estaba prevista la sanción. Hay complicidad en muchas instituciones, en la Contraloría se rinde cuentas cada cuatro meses, y no les llamó la atención que los contratos no se cumplieron”, agregó.

LOS NOMBRES

Radio Concierto publicó detalles de este gravísimo hecho de corrupción, con los nombres de los involucrados, desde el intendente Miguel Prieto Vallejos para abajo. La firma “SCDE SA”, que fue adjudicada con contratos millonarios para construcción de obras por la Municipalidad de Ciudad del Este, y hasta entonces era una “Nigth Club”.

Estaba a nombre de Lilian Gregoria Benítez Villalba, y Samara Clarisse Aguirre Benítez. Su sede es el Área 8, avenida Guayaibyty c/ Yabevyry. Aparecen también los nombres de Luma Magdalena Silva Battochi, Juan Estaban Quiroga Cañete, Pedro Alcides Alvarenga Sánchez, alias”Ochi”, todos vinculados laboralmente a la Municipalidad de Ciudad del Este. La Fiscalía no tiene argumentos para NO IMPUTAR a estos mencionados.

POLITICA

Previsibilidad que otorga acuerdo en Itaipu permitirá inversiones «de altísimo retorno económico y social»

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El presidente de la República, Santiago Peña, señaló que el acuerdo alcanzado con Brasil sobre la Itaipu Binacional deja a Paraguay con una situación de ventaja y una previsibilidad de ingresos que permitirán tener «un altísimo retorno económico y social».

En lo social, se apunta a invertir en áreas prioritarias del Gobierno como la salud, educación, seguridad y el transporte público, de manera a generar un bienestar mayor a la ciudadanía, dijo en conversación con la vocera de Gobierno, Paula Carro.

En lo económico, el acuerdo que proveerá al país ingresos anuales de US$ 1.250 millones, permitirá viabilizar inversiones en el sector privado abriéndose un nuevo capítulo en el desarrollo industrial del Paraguay, donde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) tendrá un rol protagónico, adelantó.

El acuerdo alcanzado con Brasil fue oficializado el jueves 9 de mayo pasado. El mandatario dijo que ya se contaba el acuerdo días antes, por lo que en Brasil se dieron a conocer algunos detalles; sin embargo, el Ejecutivo esperó a que sea aprobado formalmente por el Consejo de Administración de la Itaipu Binacional, que se dio minutos antes del anuncio oficial del Gobierno.

Transparencia en el uso de los recursos

Peña aseguró que la transparencia en el uso de los recursos será un foco central de su gestión. El acuerdo permite ingresos de US$ 1.250 millones por los próximos tres años, distribuidos en: US$ 280 millones por royalties, US$ 650 millones para gastos sociales, US$ 265 millones por compensación de energía y US$ 53 millones en utilidades de capital y otros.

Uno de los recursos más utilizados son los gastos sociales de la entidad, que tendrán un aumento de US$ 400 millones más por año hasta el 2026.

El mandatario indicó que Itaipu cuenta con sus propios mecanismos de licitaciones y llamados de compras, por lo que ha colocado a personas idóneas en el Consejo de Administración para acompañar cada uno de estos procesos.

En lo que compete al Estado paraguayo, desde el inicio de su administración se ha articulado el trabajo con instituciones como la Contraloría y la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) para favorecer los controles, y con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), para el soporte tecnológico.

A esto hay que agregar el involucramiento de los ministerios en los llamados específicos de sus ámbitos para el establecimiento de los criterios técnicos de los pliegos de bases y condiciones.

Acuerdo en Itaipu

Paraguay y Brasil acordaron oficialmente establecer la tarifa de venta de energía en US$ 19,28 kW/mes, un aumento respecto a los US$ 16,71 kW/mes del año pasado.

El mandatario recordó durante la conversación con la vocera que la propuesta inicial de su Gobierno fue la de aumentar la tarifa hasta US$ 22,60 kW/mes, «en una propuesta todavía más ambiciosa», admitió.

El acuerdo alcanzado con Brasil se dio tras negociaciones que iniciaron durante la transición electoral en Paraguay, antes del inicio del actual gobierno en agosto de 2023. Los detalles indican que la tarifa de US$ 19,28 se mantendrá hasta el 2026, además se mantendrán los aspectos del acuerdo del año 2007 respecto a la contratación de potencia por parte de la ANDE.

También se acordó la posibilidad para que el Paraguay pueda vender su parte de la energía no utilizada en el Brasil a precio de mercado, lo que ofrece mayores ventajas dado que hasta el momento la ANDE actualmente contrata el 39% de la potencia que le corresponde.

Otro punto acordado corresponde a que ambos países se comprometen a finalizar las negociaciones para la revisión del Anexo C de la Itaipu Binacional, que establece las condiciones financieras de la hidroeléctrica compartida, para antes del año 2025.

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Productores y acopiadores de mandioca llegan a acuerdo

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El Gobernador Ing. César Landy Torres, junto al Intendente del distrito de Itakyry, Miguel Soria, encabezaron una reunión crucial con productores y acopiadores de mandioca de los distritos de Itakyry y Santa Fe.

En la mesa, se abordaron temas cruciales para el sector, como la valorización de la producción, la seguridad en el mercado y el ajuste de precios.

Tras un diálogo franco y constructivo, mediado por el Gobernador, se alcanzó un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

El nuevo precio de la mandioca, fijado en 1.000 guaraníes por kilogramo, refleja un equilibrio justo para productores y revendedores.

Además, se acordó la formación de una comisión o asociación dentro del rubro, comprometiéndose así a formalizar y fortalecer el trabajo conjunto.

El Gobernador por su parte se comprometió a articular acciones con los intendentes del Alto Paraná y las autoridades nacionales para asegurar el cumplimiento de los objetivos compartidos.

Este éxito refleja el compromiso del gobierno regional en apoyar y fortalecer al sector productivo, como la mandioca, impulsando el desarrollo económico y social de la región.

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Diego Ríos vuelve a la ANR

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Diego Ríos, intendente de Minga Guazú, quien formaba parte del equipo de Miguel Prieto (Yo Creo), volvió al partido colorado, según trascendió.

Mantuvo esta mañana una reunión con el presidente de la ANR, Horacio Cartes y lo acompañó el senador Juan Carlos «Nano» Galaverna.

 

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