El Ministerio de Justicia, a través del Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria (ITSEFP), dependiente del Viceministerio de Política Criminal, desarrolla una intensa capacitación teórica y práctica en temas de gestión penitenciaria, dirigida a 133 funcionarios penitenciarios recientemente contratados para desempeñarse en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, de máxima seguridad.
Tiene como objetivo capacitar a los nuevos agentes penitenciarios en los procedimientos básicos necesarios para trabajar en las unidades penitenciarias, tales como requisas, uso adecuado de esposas de seguridad y conducción de la persona privada de libertad (PPL) en el ambiente carcelario, técnicas e instrumentos menos letales (uso de la tonfa), defensa personal y simulación de situaciones de crisis.
Los docentes encargados de impartir el adiestramiento con prácticas innovadoras en el crimen organizado son profesionales brasileños altamente calificados de las Escuelas Penitenciarias de Brasil, en colaboración con el Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria (ITSEFP). La formación práctica se desarrolla del 20 al 24 de mayo del corriente.
Se aspira a elevar el estándar profesional de los nuevos servidores penitenciarios, inculcando en ellos un compromiso sólido, una conducta ética irreprochable y un profundo respeto por los derechos humanos. Se busca no solo dotarles de habilidades técnicas y conocimientos prácticos, sino también de valores fundamentales que guíen su desempeño en un entorno tan delicado como el sistema penitenciario.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto PRIS-COOP, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de Brasil, apoyado por el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el fin de promover la adopción, en Brasil y Paraguay, de prácticas innovadoras e interinstitucionales para responder mejor a las acciones de las facciones criminales, especialmente en el sistema penitenciario.
Participan tres representantes de la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de São Paulo, tres representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad Pública de Paraná, dos representantes de la Secretaría de Justicia del Estado de Espírito Santo, un representante de Justicia y Sistemas Penal y Socioeducativo y dos representantes de UNODC Brasil.
