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JUDICIALES

Juicio oral para comerciantes acusados por supuesta millonaria estafa

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El Ministerio Público, representado por la agente fiscal Natalia Montanía, formuló acusación contra los comerciantes Neri Antonio Acosta González (62) y Anelize María Seibert (58) por una presunta millonaria estafa. Asimismo, requirió la elevación de la causa a juicio oral. El requerimiento conclusivo se presentó ante el Juzgado de Garantías de Hernandarias, a cargo del magistrado Nelson Ojeda.

Según los antecedentes, los acusados habrían obtenido un beneficio patrimonial indebido mediante una operación comercial realizada el 28 de noviembre de 2020 con la víctima, Santiago Villarroel Ramírez.

Presuntamente, los  sindicados habrían persuadido al afectado para la cesión y transferencia de acciones de la firma Villa Costa S.A., mediante un contrato privado de compromiso de compra-venta de acciones valoradas en 500 millones de guaraníes. Sin embargo, los encausados presuntamente incumplieron un compromiso de pago acordado en el contrato, ocasionando un perjuicio patrimonial de 40.000 dólares americanos a Ramírez.

En el marco de la investigación del caso,  mediante informes de registros públicos, se pudo determinar la constitución y modificaciones de la sociedad Villa Costa S.A., además de la estructura de beneficiarios finales de la empresa.

Durante su comparecencia ante el Ministerio Público, el 9 de abril de 2024, los procesados negaron los cargos durante sus declaraciones indagatorias. Argumentaron la falta de ingresos como justificación para no cumplir con las obligaciones contractuales, alegando que aquello no  constituye un hecho punible.  No obstante, la Fiscalía en virtud de los elementos de sospecha presentó la acusación y pidió la elevación del caso a juicio oral y público.

JUDICIALES

Podría haber imputados en la Junta de Franco por despojo de un valioso terreno

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La Junta Municipal de Presidente Franco se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público tras una grave denuncia presentada por María Zunilda Delvalle, despojada de un valioso terreno que habitó durante más de dos décadas.

El fiscal Alberto Torres, de la Unidad Penal N.º 3, emitió hoy un oficio dirigido a la Junta sobre producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. La investigación podría derivar en imputaciones formales contra varios concejales.

El conflicto se remonta al año 2022, cuando Delvalle se encontraba temporalmente en Argentina. Durante su ausencia, la Junta Municipal entregó el terreno en cuestión a Florentino Balbuena, quien habría solicitado la compra directa del inmueble con apoyo de concejales de la bancada liberal. Delvalle, que residía legalmente en el lugar mediante contrato de arrendamiento, inició un reclamo administrativo solicitando la revisión de la medida, pero fue sistemáticamente ignorada.

A pesar de haber agotado todas las instancias administrativas, incluyendo una solicitud de reconsideración respaldada por un dictamen favorable de la Asociación de Juntas Municipales del Paraguay (AJUMPA), la Junta se negó a retroceder en su decisión. Esto llevó a Delvalle a recurrir al ámbito judicial.

El fiscal Torres requirió a la Junta copia de los dictámenes emitidos por el departamento de asesoría jurídica en los expedientes de arrendamiento, solicitud de compra directa y reconsideración tanto de Delvalle como de Balbuena. El objetivo es verificar si hubo producción de documentos con contenido falso utilizados para despojar a la mujer del terreno que habitó durante 23 años.

Con esta causa abierta y los documentos, no se descarta que algunos miembros de la Junta sean imputados, la mujer ya había mencionado a dos ediles principales de recibir «coimas» a cambio del despojo.

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JUDICIALES

Imputan a empleada sinvergüenza

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El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a una mujer que habría hurtado dinero a sus empleadores y fue descubierta mediante cámaras de seguridad instaladas en la vivienda donde ocurrió el hecho. Se trata de Laura Natividad Ferreira González (33), quien actualmente se encuentra privada de libertad.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 2 de mayo de 2025, alrededor de las 08:40, en un inmueble ubicado en el kilómetro 8 Acaray del barrio San Juan de Ciudad del Este. En esa ocasión, Laura Natividad, quien trabajaba como empleada doméstica, sustrajo del interior de un placar de la habitación de su patrona la suma de 1.900.000 guaraníes.

La víctima se percató del hurto mediante las imágenes del circuito cerrado instalado en el dormitorio e inmediatamente alertó a agentes policiales de la zona. Estos acudieron al lugar y conversaron con la presunta autora, quien entregó de manera voluntaria una cartera que contenía 19 billetes de 100 mil guaraníes, totalizando el monto mencionado.

El caso fue comunicado a la Unidad Fiscal n.º 4, que se encontraba de turno en ese momento. Posteriormente, el fiscal Luis Trinidad imputó a Laura Ferreira González tras reunir varios elementos de sospecha en su contra. Además, solicitó como medida cautelar la prisión preventiva, atendiendo a la falta de arraigo y al peligro de fuga.

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JUDICIALES

Condenan a dos mujeres por microtráfico en Hernandarias

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El fiscal antidrogas de Alto Paraná, Elvio Aguilera, logró durante un juicio oral y público la condena a 7 años y 6 meses de prisión para Hipólita Penayo Mendieta (75 años) y a 5 años de cárcel para Isabel Santacruz Villalba (26 años). Ambas fueron encontradas culpables de la comisión de los hechos punibles de posesión y comercialización de sustancias estupefacientes.

El Ministerio Público logró probar que las acusadas tuvieron participación en la tenencia y venta al menudeo de cocaína, tipo crack, en un hecho registrado en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Hernandarias. Los antecedentes del caso señalan que las acusadas fueron detenidas durante un procedimiento llevado a cabo el 18 de abril de 2024, a las 15:50 horas, ocasión en que Penayo Mendieta fue detenida con 16,44 gramos de cocaína, tipo crack y Santacruz Villalba tenía en su poder 37,09 gramos de la misma sustancia.

Las dos mujeres fueron detenidas por los agentes antidrogas con bolsitas de polietileno que contenían las sustancias prohibidas, listas para su venta, en momentos en que estaban frente a su vivienda. Penayo Mendieta tenía 43 dosis de la sustancia en una cartera, en tanto que, Santacruz Villalba tenía 148 dosis de cocaína, tipo crack, en una cartera que estaba en el carrito de su bebé.

El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Gloria Vera, Margarita Martínez y Diego Duarte luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público resolvió condenar a las dos acusadas luego de encontrarlas culpables de tenencia y comercialización de drogas.

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