Silvio Corbeta hizo estas afirmaciones en la mañana de este jueves a medios de comunicación de la capital del país, al hablar sobre la acusación que presentó ayer miércoles contra el intendente de Ciudad del Este, el hoy concejal municipal Sebastián Martínez, y varios otros funcionarios y allegados que conformaron una rosca para desangrar a la Municipalidad con millonarios fondos que manejaron al inicio de la pandemia del Covid 19.
La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal, en calidad de autores para algunos, y autores y cómplices para otros, para dejar un multimillonario daño patrimonial a la Comuna de Ciudad del Este, cuyos detalles están en el escrito de acusación, y que llegan a los 2.300 millones de guaraníes.
«En este momento la Fiscalía tiene un grado de certeza suficiente, quiere decir que pasamos de la sospecha», afirmó el fiscal, al tiempo de señalar que a Miguel Prieto Vallejos se le atribuye que tenía un esquema con otros funcionarios donde promovió una licitación en pandemia, en el caso conocido como “Tía Chela”, para proveer alimentos.
«Hemos corroborado que tiene vinculación con Emili Vanessa Florentín, dueña de la firma Vanemi SA. Era su expareja y también está ahora como asesora jurídica de la Municipalidad. Las facturas presentadas presentan muchas inconsistencias. Vimos que cuatro contribuyentes eran inexistentes y que se encontraban en otra investigación por un caso de esquema de mega evasión en CDE”, refirió además el representante del Ministerio Público.
“Tenemos demasiados elementos objetivos de que existió un perjuicio patrimonial y es más, puedo decir que hubo incumplimiento parcial del contrato», agregó además Silvio Corbeta, al detallar que todos estos relatos que están en la acusación, están respaldados por documentos oficiales contundentes que muestran las existencia de los hechos punibles, por los cuales pide juicio oral y público al jefe comunal y otros.
