Y fue el encubridor de acosadores, el imputado y acusado Sebastián Martínez Insfrán, uno de los principales defensores de la absurda ordenanza que impone severas restricciones a los trabajadores que operan con Bolt, Uber y Muv en Ciudad del Este, ayer durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, donde se trató el tema.
En audiencia pública estuvieron los trabajadores de estas plataformas digitales, tratando de hacer entrar en razón al os lacayos del corrupto y también imputado y acusado Miguel Prieto Vallejos, pero estos insistieron en defender la aplicación de la norma, que es considerada por profesionales del Derecho, como violatoria a varios artículos de la Constitución Nacional (CN).
Sin embargo, sin estar previsto en el orden del día, minutos después el secretario de la Junta Municipal leyó el Mensaje N° 232 de la intendencia municipal, en la que se da entrada a la resolución N° 6805, “Por la cual se opone veto parcial a la ordenanza N° 17/2024, sancionada por la Junta Municipal, por la cual se crea el registro de prestadores y se reglamenta el servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales”.
El expediente sin embargo no mereció debate alguno, y solamente el presidente de la Junta decidió remitirlo a las comisiones respectivas para emitir el dictamen pertinente. No se dieron detalles sobre el veto parcial de Prieto Vallejos, quien estaría cediendo solamente en cuestiones mínimas, e insistiendo en la aplicación de la ordenanza que dejaría sin trabajo a miles de ciudadanos, jóvenes y padres o madres de familia que llevan el sustento a sus hogares a través de esta actividad laboral.
La misma es libre en todo el mundo, y Ciudad del Este es la primera que quiere imponer estas restricciones, como la obligatoriedad de ser “votante” de Ciudad del Este para poder ingresar con pasajeros a la capital departamental. Los trabajadores ya adelantaron que la ordenanza es de cumplimiento imposible, y que, si Prieto no lo veta totalmente, ellos recurrirán a la Corte Suprema de Justicia para atacar de Inconstitucional la absurda medida. Entretanto, los concejales solamente cumplen órdenes del imputado y acusado Miguel Prieto, y se ratifican en dejar sin trabajo a miles de compatriotas.
