Un confuso episodio ocurrido en la madrugada de este viernes movilizó a efectivos de la Comisaría Segunda del barrio Ciudad Nueva, tras una denuncia falsa realizada en la estación de servicios Shell, ubicada sobre la avenida Rafael Barret, en las inmediaciones del kilómetro 8 Monday, frente a la Universidad Central del Paraguay (UCP).

El hecho se registró aproximadamente a las 04:50 horas, cuando Jorgelina Céspedes Céspedes, paraguaya de 40 años, embarazada de cuatro meses, fue víctima de agresiones verbales por parte de dos personas que se encontraban aparentemente bajo efectos del alcohol.

La mujer se encontraba acompañada de su hija menor de 12 años, a la espera de una consulta médica en el hospital universitario cercano, cuando ingresaron al local para hacer uso del sanitario y resguardarse temporalmente, con autorización de la encargada del lugar.

Según el reporte policial, los hermanos Eduardo Emanuel Carballo (34) y Joana Gimena Carballo (37), se acercaron a la mujer en tono agresivo, acusándola injustamente de haber raptado a la niña y sugiriendo que la tenía con fines de explotación sexual. Incluso exigieron ver documentos de la menor, generando una situación tensa que fue controlada tras la intervención del padre de la niña, quien presentó la cédula de identidad correspondiente, confirmando el vínculo familiar.

Ante el hecho, personal policial acudió al sitio en la constatando la situación y brindando asistencia. El caso fue comunicado inmediatamente al agente fiscal penal de turno, abogado Luis A. Trinidad, quien dispuso que se eleven los antecedentes a su unidad para una investigación más profunda.

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar fue atendido por la Policía Nacional en la noche del miércoles, en el barrio Remansito de Ciudad del Este, donde resultó aprehendido un hombre identificado como Teodoro Ramírez Toledo, paraguayo, de 35 años, quien agredió a su expareja.

Los intervinientes fueron recibidos por la víctima, Carmen Noemí Cabrera Balmori, también de 35 años, quien acompañó a los agentes al interior de la vivienda. Allí encontraron a Ramírez Toledo, quien se negó a salir del lugar y desafió con prepotencia a los uniformados. Ante su resistencia, los agentes ingresaron al inmueble y procedieron a su aprehensión.

Durante el cateo posterior, ya en sede policial, se halló en poder del detenido un aparato celular marca Tecno con funda transparente y la suma de 5.500.000 guaraníes en efectivo.

La víctima se presentó posteriormente en la comisaría para formalizar la denuncia. El caso fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad Especializada de Violencia Familiar, abogada Estela Mary, quien ordenó la realización de la prueba de alcohotest al aprehendido, arrojando un resultado positivo de 0,834 mg/L. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público y permanece recluido en la dependencia policial.

Procedimiento desde todo punto de vista ilegal, y que el interventor Ramón Isidoro Ramírez debería vetar dentro de sus atribuciones legales. Lo cierto es que en la mañana de este viernes, sin temor a la Justicia y al Ministerio Público, y en sesión extraordinaria, aprobaron dictámenes por aprobación para la homologación de dos contratos de adjudicación, hechas por Miguel Prieto Vallejos horas antes de dejar el cargo para el inicio de la intervención.

Estos mensajes ingresaron el 24 de junio, y uno de ellos es para la construcción de aulas y baños sexados, por 802 millones de guaraníes. Por este contrato, la empresa adjudicada ya cobró un anticipo de 160 millones de guaraníes hace un mes, acto viciado de nulidad, ya que recién después de la homologación del contrato, que fue hoy, podría hacerlo.

La otra licitación es por la compra de insumos para la planta asfáltica, por la friolera suma de 5.608 millones de guaraníes. En este caso, la empresa adjudicada ya percibió un anticipo de 530 millones de guaraníes, hace 22 días, acto también viciado de nulidad, ya que solamente después de la homologación podría hacerlo. Se espera que el interventor Ramón Ramírez vete esta resolución, y denuncie el hecho a la Contraloría y al Ministerio Público.