El agente fiscal Fernando Galeano imputó a un presunto criminal brasileño que era buscado por una tentativa de homicidio perpetrada en la ciudad de San Alberto y que contaba con una orden de captura pendiente en Brasil por homicidio doloso. El sospechoso, identificado como João Pedro Zuchelo Schmidt, de 31 años, también registra antecedentes penales en su país por amenaza, lesión corporal y estupro, según un informe del Comando Tripartito.
El encausado, quien reside en la colonia Sexta Línea del municipio de San Alberto, enfrenta cargos por homicidio doloso en grado de tentativa. A raíz de los graves hechos, el Ministerio Público, representado por el fiscal Galeano, solicitó su prisión preventiva.
Los antecedentes indican que el sábado 27 de julio de 2024, alrededor de las 17:00 horas, João Zuchelo, a bordo de una camioneta Nissan Frontier, de color blanco, modelo 2020, con matrícula Nº AAED-637, habría atacado en su domicilio a la víctima, Miguel Henz, ubicado en la misma colonia.
Tras confirmar primeramente la identidad de Henz, el supuesto homicida disparó seis veces con una pistola, tres de ellos impactaron en su humanidad, hiriéndolo de gravedad en el cuello, la espalda y el pie derecho. Estos disparos pusieron en serio peligro la vida de la víctima, quien fue auxiliada por su cuñado Claudinei Schu Rodríguez y trasladada inicialmente a la Clínica San Gabriel de la zona, y posteriormente a Foz de Yguazú, Brasil.
El motivo del ataque, según lo relatado posteriormente por el propio herido, podría estar relacionado con un conflicto anterior entre él y el tío del imputado, un ciudadano llamado Osmar Olivo Zuchelo. La víctima ratificó ante la comisaría y en su declaración ante la Fiscalía que João Pedro Zuchelo fue el responsable del atentado.
Finalmente, el 10 de agosto de 2024, en horas de la madrugada, una comitiva fiscal-policial allanó la vivienda de Zuchelo en cumplimiento del Auto Interlocutorio N° 188 emanado del Juzgado de Garantías de la zona. Al ser sorprendido, el forajido intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente detenido por los miembros de la fuerza de seguridad.
Posteriormente, los intervinientes le informaron de manera clara y comprensible sus derechos y garantías conforme a la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Código Procesal Penal. Finalmente, el fiscal Fernando Galeano abrió el proceso contra el sindicado, quien se expone a varios años de pena carcelaria.
