La fiscal Vivian Coronel imputó a una enfermera que supuestamente dirigía una clínica clandestina donde se practicaban abortos, poniendo en peligro a varias mujeres. La procesada está identificada como Nilda Cáceres (66), quien enfrenta cargos por aborto y comercialización de medicamentos no autorizados. La misma se encuentra privada de libertad en la comisaría de mujeres, con pedido de prisión preventiva.
Según los antecedentes del caso, se tienen sospechas fundadas de que Nilda Cáceres, hasta el 6 de septiembre de 2024, habría causado la muerte de varios fetos y expuesto a mujeres a serios riesgos de muerte y lesiones graves en la clínica ubicada sobre la calle Mariscal López, frente al Hospital Distrital de Presidente Franco. Se presume que el local operaba sin las debidas autorizaciones y que se utilizaban medicamentos no aprobados, incumpliendo las normativas sanitarias establecidas.
La denuncia sobre el caso fue recibida por la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes el 6 de septiembre de 2024 a través del servicio telefónico 147 (Fono Ayuda), que alertó sobre la existencia del local que operaba irregularmente en la dirección mencionada. Según la información proporcionada, el lugar operaba las 24 horas, realizando procedimientos quirúrgicos a personas adultas, niñas y adolescentes bajo falsas promesas. Además, existen sospechas que el establecimiento podría estar involucrado en el tráfico de órganos humanos.
En el marco de la investigación del caso, la fiscal Vivian Coronel y agentes policiales, en cumplimiento de un mandamiento judicial, llevaron a cabo un allanamiento en el lugar ese mismo 6 de septiembre. En esa ocasión, los intervinientes hallaron varias evidencias relacionadas con los hechos punibles investigados, tales como instrumentales quirúrgicos, tejido presumiblemente humano, un bulto color marrón que se sospecha es un coágulo de sangre, medicamentos de uso controlado, gasas, guantes, jeringas, maripositas y punzocat, ecografías y registros que podrían corresponder a pacientes.
Basándose en la existencia de indicios fácticos suficientes que evidencian la comisión de los hechos punibles de aborto y comercialización de medicamentos no autorizados, la Fiscalía presentó la imputación contra Nilda Cáceres y requirió al Juzgado Penal de Garantías que decrete su prisión preventiva.
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