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Fiscal ratifica que no tiene sentido sostener existencia de persecución política a Prieto

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El fiscal Silvio Corbeta dijo que cuentan con elementos de sospecha suficientes sobre el presunto daño de G 306 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, durante la administración de Prieto, con la compra de panificados en el contexto de la pandemia del 2020.

Es que, el intendente Miguel Prieto este lunes prestó declaración ante el fiscal de referencia, y argumentó una vez más que se trata de “una cuestión política” y que “la causa es un invento”. “Nadie en particular tiene interés en perjudicarlo”, respondió el fiscal.

“Miguel Prieto fue convocado a prestar declaración indagatoria en la segunda causa que se encuentra imputado con los demás funcionarios de la Municipalidad y el supuesto proveedor de panificados, que arrojó de acuerdo a lo preliminar en la investigación, un perjuicio de G 350 millones. En este segundo caso nos quedaba como una de las últimas diligencias darle la oportunidad de defenderse a los procesados de los hechos que le son atribuidos”, explicó el fiscal, en declaraciones que fueron recogidas por la página El Observador.

Manifestó que hizo una declaración bastante breve. “Explicó que básicamente que lo que realizó fue por motivos de la pandemia y de la urgencia que suscitaba en ese momento. De todas maneras, tiene ese derecho a la defensa, puede manifestar lo que crea conveniente a su derecho y también de proponer pruebas; y todas las pruebas que propuso están siendo diligenciados por parte del Ministerio Público en igualdad de condiciones, así como el Ministerio Público también se encuentra realizando las diligencias pertinentes para la presentación de un requerimiento conclusivo”.

Explicó que la sospecha versa sobre la existencia de un perjuicio patrimonial de aproximadamente G 306.000.000 que se habría dado en una licitación en el año 2020, la época de la pandemia y se habría utilizado la vía de la excepción. “Recordemos que, en aquel entonces, en ese contexto en la vía de excepción fue prevista para exclusivamente aplacar lo que sería utilizar medidas de mitigación o de prevención contra el covid-19, en este caso fue para la elaboración de panificados para distribuir a personas de escasos recursos.

En ese contexto nosotros hemos descubierto que las tres empresas proveedoras que se habían presentado para ser evaluadas por el Comité Evaluador a cargo de la UOC de la Municipalidad de Ciudad del Este, estaban vinculadas entre sí en grado de parentesco, ya sea político y consanguíneo, y una de estas empresas fue beneficiada.

La empresa beneficiada hoy pertenece a un imputado cuya sobrina era otra de las oferentes. Y finalmente conforme a la trazabilidad que en ese momento se realizó por la DNIT se pudo descubrir que esta persona, esta sobrina habría sido otra vez la proveedora de todos los productos a esta empresa que ganó la licitación, y conforme a esa trazabilidad se habría descubierto que no tenían los productos que supuestamente le proveyeron.

“Entonces así fue que construimos el perjuicio patrimonial y de esa manera formulamos imputación en su momento ante la sospecha de que no existió una provisión real de mercaderías, sino que simplemente la documentación y todo el proceso habría sido amañado con el objeto de justificar de alguna manera la salida de los fondos de la Municipalidad y en ese contexto se habrían dejado constancia, por ejemplo de la recepción de estas supuestas mercaderías”, sostuvo Corbeta.

Sobre las manifestaciones de Prieto, quien aseguró que se trata de una persecución política, Corbeta descartó esto e indicó que el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de sospecha y elementos objetivos que indican que se produjo un perjuicio patrimonial a la institución.

“No tiene sentido sostener la existencia de una supuesta persecución política porque nadie en particular tiene un interés en perjudicarlo en su carrera política, sino hacer el trabajo que corresponde a la Unidad Anticorrupción que es justamente es perseguir hechos relacionados a corrupción pública, como en este caso hay sospecha de un hecho de corrupción, de un presunto desvío de G 306 millones, y en base a elementos objetivos es lo que se formuló una imputación y esta investigación es continúa su curso”, finalizó.

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