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JUDICIALES

Kassem Mohamad Hijazi fue liberado en EE.UU. y ya está en Brasil

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El abogado Eduardo Cazenave, representante legal del empresario brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, extraditado en julio de 2022 desde Paraguay a los Estados Unidos, confirmó que su cliente fue liberado y se encuentra en Brasil. La noticia fue difundida a través de una entrevista concedida a Radio Ñandutí.

Hijazi fue arrestado en agosto de 2021 en el microcentro de Ciudad del Este durante un operativo de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (S.I.U.) de la SENAD, bajo la dirección del fiscal Marcelo Pecci. Su captura fue considerada de gran importancia tanto para Paraguay como para Estados Unidos, dado su rol en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.

Tras su extradición, el empresario fue juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fue formalmente acusado de cuatro cargos de lavado de dinero y por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. En un acuerdo judicial, Hijazi se declaró culpable de uno de los cargos, lo que derivó en una sentencia monetaria de casi 250.000 dólares y el decomiso de más de tres millones de dólares, distribuidos en varias cuentas bancarias bajo vigilancia de la Agencia de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional.

La Fiscalía de Nueva York, representada por la fiscal Audrey Strauss, alegó que Hijazi dirigió un negocio no licenciado de transmisión de dinero entre 2018 y 2020, afectando el comercio interestatal e internacional. Según la imputación, transfirió fondos dentro y fuera de Estados Unidos sin las licencias correspondientes, infringiendo leyes estatales y federales.Con esta liberación, Hijazi regresa a Brasil, tras cumplir con el acuerdo judicial que puso fin a su proceso en los Estados Unidos.

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Turba de hurreros de Prieto intentaron evitar trabajo fiscal

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El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta denunció que supuestos adherentes del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intimidaron a los funcionarios del Ministerio Público que se presentaron en la zona para realizar unas diligencias en el marco de una investigación abierta por la supuesta la sobrefecturación de obras en la Costanera Ñande Renda.

Explicó el representante del Ministerio Público que, los funcionarios, entre ellas varias mujeres, este martes se vieron obligados a abandonar la constitución fiscal porque temieron por su integridad física ante las acciones agresivas de las personas desconocidas, pero que serían seguidoras del lord mayor esteño.

Corbeta señaló que junto a sus colegas Alma Zayas y Verónica Valdez inició esta causa y los funcionarios del Ministerio Público debían realizar una pericia, un informe técnico, medición de las obras ejecutadas, para comparar luego con las especificaciones técnicas presentadas en el marco de las denuncias, sin embargo, entre 30 y 40 personas actuaron con mucha belicosidad en contra de los peritos, asistentes y choferes que estaban trabajando.

Según las denuncias presentadas en el año 2020 por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, las sobrefacturaciones en las obras en la costanera municipal y las obras complementarias treparían a cerca de G. 2.500 millones, según lo manifestado por el fiscal interviniente, quien agregó que supuestamente se adjudicaron los trabajos a una empresa que presentó una oferta más elevada.

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Imputan a propietario de aeronave sindicado de formar parte de una estructura dedicada al tráfico de drogas

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El agente fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico n.° 1 del Alto Paraná, presentó imputación en contra de Junior Iván Brizuela, por la presunta comisión del hecho punible contra la Ley 1340/88 y sus modificaciones así como contra la prueba documental.

El interviniente cuenta con elementos de sospechas suficientes en contra de Brizuela, quien supuestamente formaría parte de una organización criminal estructurada para realizar hechos contra la ley especial de drogas, donde el mismo habría facilitado su avioneta, a los efectos de transportar en la misma sustancia prohibida.

De acuerdo a la causa investigada, en fecha 22 de noviembre de 2020, siendo las 16:30, en la vía pública, en un camino vecinal de la Colonia Santa María del distrito de Itakyry, departamento del Alto Paraná, tras informaciones recibidas por la Senad, de que un grupo criminal estaría operando en la zona, en una pista clandestina los días domingos.

Los intervinientes montaron vigilancia en las inmediaciones, logrando divisar la avioneta a punto de descender, sin embargo, tras una maniobra volvió a tomar vuelo hacia el este, por lo que los agentes realizaron el seguimiento a la aeronave y específicamente a unos 19 kilómetros observaron una humareda y al llegar al lugar hallaron la avioneta totalmente incinerada.

En el sitio fueron halladas restos de sustancias blanquecinas ardiendo en llamas, incautándose del lugar 1.655 (un kilo con seiscientos cincuenta y cinco gramos) de dicha sustancia. Posteriormente, las sustancias fueron pesadas y sometidas a análisis primario de campo por el sistema narcotest por un agente especial de la SENAD, para lo cual extrajo una muestra de las evidencias, arrojando un resultado positivo a supuesta cocaína, con un peso total de 1.655 (un kilo con seiscientos cincuenta y cinco gramos).

El procesado se presentó ante la Fiscalía, a través de su abogado, un contrato privado de venta de la aeronave, con una hoja de certificación de firmas por escribanía pública, que según informe se trataría de un documento sustraído y no auténtico, tratando de esa forma desvincularse de la presente investigación.

El Ministerio Público dio seguimiento a las investigaciones librado oficio a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil solicitando un informe sobre las condiciones de dominio de la aeronave de referencia, del cual se desprende que la misma se encuentra registrada en el Registro Aeronáutico Nacional (RAN), a favor del imputado.

La representación fiscal solicitó informe a la Unidad n. ° 4 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción, a cargo del agente fiscal Osmar Alberto Segovia, sobre el estado procesal de la causa n. ° 3378/22 «Fernando García Adorno s/ h.p. c/ la ley 1340/88», y específicamente, con relación a Brizuela; informando que el mismo no se encuentra imputado ni cuenta con orden de detención siendo el punto común existente entre ambas causas es la referida aeronave.

En fecha 5 de agosto del año 2024, se presentó ante el Ministerio Público el abogado del hoy imputado, a los efectos de presentar poder otorgado por el procesado y tomar intervención en la presente causa, oportunidad en que había agregado un contrato privado de compra venta de la citada aeronave, de fecha 8 de mayo de 2.020, entre el imputado Junior Iván Brizuela y el señor Isaque Dos Santos De Souza, con una hoja de certificación de firmas, razón por la cual ésta representación fiscal solicitó un informe a dicha escribanía, a los efectos de que remita copia autenticada del libro de registro de firmas; informando la escribana que la hoja de certificación de firmas fue sustraída de su oficina por Cristhian Ariel Rodríguez Cantero, autor confeso del hecho, contra quien inclusive ya fue abierta una causa penal, ya finiquitada a la fecha, anexando a su vez copia de su denuncia ante la Comisaría 11 de Asunción y la comunicación del hurto de hojas de certificación de firmas a la Corte Suprema de Justicia, Superintendencia General de Justicia.

Ante tales circunstancias se sospecha suficientemente que Brizuela sería miembro de una organización dedicada al tráfico de drogas donde el mismo sería el encargado de proporcionar la aeronave de su propiedad para el transporte de drogas; además habría utilizado un documento no auténtico con intención de inducir al error a esta representación fiscal y desvincularse de la investigación.

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Condenan a implicados en atentado contra jefe policial ocurrido en Mallorquín

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El agente fiscal Alfredo Acosta Heyn, obtuvo la condena de tres hombres, involucrados en el atentado contra un jefe policial, registrado en la zona de Juan León Mallorquín, en abril del 2022.

Se trata de los brasileños: Wilson Francisco Neto Pintos, condenado a 20 años de pena privativa de libertad y Andrey Nunes Silva sentenciado a 25 años, mientras que Ever Arnaldo Cañete, de nacionalidad paraguaya fue penado a 10 años como cómplice.

Cabe señalar que otro de los implicados identificado como Adriano Benites Lima, también de nacionalidad brasilera fue expulsado por el Poder Ejecutivo.Según antecedentes, los hechos se registraron el 25 de abril del 2022, a las 08:15 horas aproximadamente, sobre la calle Felipe Molas López, a unos 20 metros de la Ruta Py02, del distrito de Mallorquín. Resultó víctima el subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega (39), quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de la Dirección de Investigación Criminal Comando Tripartito.

En aquella oportunidad, los tres brasileños, a bordo de una camioneta Hyundai Creta, de color gris, con chapa WHFU 683, perpetraron el ataque contra el uniformado, quien a su vez circulaba en una camioneta Toyota Fortuner, chapa HBG 801. Los presuntos criminales abrieron fuego contra Ruiz Díaz Ortega, quien descendió de su vehículo y también respondió a tiros el ataque, luego se refugió en una vivienda cercana, mientras su rodado fue a parar en una cuneta.

A continuación, los atacantes desaparecieron del lugar y horas después abandonaron la camioneta Hyundai en una zona boscosa.Posteriormente, los miembros de la fuerza pública realizaron un rastrillaje por diferentes puntos del distrito, hasta que ubicaron el vehículo abandonado y localizaron a los tres extranjeros, quienes fueron aprehendidos tras un enfrentamiento armado con los miembros de la fuerza pública.

En la ocasión, resultaron baleados Adriano Benites y Andrés Núñez, quienes permanecieron hospitalizados por un tiempo y posteriormente fueron encarcelados. También fue privado de libertad Ever Arnaldo Cañete, quien formaba de la organización criminal, sirviendo de nexo con los autores directos del ataque en contra del agente del orden. Los indicios señalan que el citado fue el que alquiló el local, donde permanecieron los extranjeros desde mucho antes del atentado.

Además, el mismo mantenía periódicas reuniones con los brasileños, quienes habrían sido contratados para asesinar al subcomisario, según los datos.El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados: Herminio Montiel,como presidente, y miembros Zunilda Martínez Noguera y Marino Méndez.

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