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Fiscal admite que investiga sobrefacturación de G. 2.500 millones con Costanera de Prieto

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“Las Documentaciones ya tenemos, y tenemos también las especificaciones técnicas, y ahora estamos haciendo las mediciones de la obra”, dijo en la mañana de este miércoles el fiscal Anticorrupción Silvio Corbeta, en declaraciones a los medios en Asunción.

Fue al referirse a la verificación realizada ayer martes a las obras de la Costanera “Ñande Renda” en el Km 8 Acaray, que había sido construida por Miguel Prieto Vallejos entre el 2019 y 2020. Sostuvo que también verificaron las obras adyacentes, para corroborar si se ajustan a las especificaciones técnicas.

“Son tres causas con relación a la Costanera, y ayer los funcionarios de la Fiscalía fueron amedrentados por una turba de 30 a 40 personas, que comprometió la integridad física, y por eso mencionamos este detalle para que no diga después que es una persecución política”, agregó Corbeta, al mencionar que los técnicos fueron amedrentados por una turba de prietistas.

Las tres causas de la Costanera son en investigación por el dragado de lago para la extracción de arena, que después fue facturada como “comprada”; la sobrefacturación de la obra en su totalidad; y las obras adyacentes a la playa en sí, según sus explicaciones.

“Se trata de un trabajo complejo que va a llevar varios días, y nuestros técnicos tuvieron que huir del lugar, por eso recurrimos a la Comandancia de la Policía Nacional para tener el apoyo policial pertinente”, afirmó.

Finalmente el fiscal Silvio Corbeta sostuvo que es falso que ya se hizo la medición de la Costanera anteriormente, tal como lo señaló ayer la abogada de Prieto, y explicó que hasta que no haya una conclusión final, la Fiscalía puede hacer actos investigativos. “En el Estado de Derecho, se deben respetar las instituciones”, remató.

Manifestó finalmente que existen claras evidencias de que la obra fue sobrefacturada en unos 2.500 millones de guaraníes, y además el intendente adjudicó la obra a la oferta más cara, habiendo otras ofertas menores de hasta 3.000 millones de guaraníes menos. “En 30 días hemos de saber si hay conductas penalmente perseguibles”, afirmó finalmente.

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