Las hermanitas Emma Sofía, de 1 año, Liz Araceli, de 5 años, y Fátima Mabel Ortíz Zorrilla, de 7 años, fueron brutalmente asesinadas por su padre, Rafael Ortiz. Este crimen ha dejado una profunda interrogante sobre cómo es posible que las niñas estuvieran bajo la custodia de un hombre con antecedentes de violencia, tanto contra su pareja como contra un miembro de su familia.
Según fuentes oficiales, la Oficina de Servicio de Mediación del Ministerio de la Defensa Pública en Presidente Franco emitió un acuerdo el 25 de octubre, firmado por la mediadora Blanca Victoria Benítez Peralta, que permitió que las niñas fueran entregadas a su padre, a pesar de los antecedentes violentos de este.
Este acuerdo, que no fue homologado por la jueza interina de la Niñez y Adolescencia de Presidente Franco, Delsy Cardozo, fue ejecutado de manera irregular. A pesar de que el régimen de convivencia estaba estipulado para ese primer fin de semana tras la separación de los padres, el documento de mediación no fue validado por la autoridad judicial correspondiente.
Este error administrativo permitió que las niñas, en una situación de extrema vulnerabilidad, fueran entregadas al padre, quien ya tenía un historial de comportamientos violentos. La familia de las menores, especialmente la tía Elodia Ruíz Díaz, expresó su profundo dolor e indignación ante la inoperancia de las instituciones encargadas de la protección infantil.
Señalan que las autoridades involucradas, al parecer, no tomaron en cuenta los riesgos inherentes de permitir que las niñas estuvieran en manos de un hombre con un claro historial de violencia. El hecho de que el acuerdo de mediación se haya firmado sin una debida evaluación de los antecedentes de Rafael Ortiz pone de manifiesto la negligencia y la falta de protocolos adecuados en el sistema judicial.La tragedia de Emma, Liz y Fátima subraya la necesidad urgente de revisar los procedimientos de custodia y convivencia en casos de violencia familiar.
