Ocurre en el barrio Boquerón II de Ciudad del Este, donde los vecinos ya están movilizados desde hace varios días, a tal punto que el martes fueron a la audiencia pública de la Junta Municipal a fin de comunicar a los concejales que no permitirán en avance de la obra, la cual fue aprobada visiblemente con el pago de coimas a concejales corruptos.
Y quienes más defendieron este proyecto que viola la Ordenanza 11/88, fueron los más cercanos al imputado y acusado intendente corrupto Miguel Prieto Vallejos, Sebastián Martínez y Pedro Acuña.
Estos dos habrían sido quienes habrían recibido una millonaria coima para aprobar esta construcción de siete pisos, en una zona residencial donde solamente están permitidas edificaciones hasta de tres pisos.Los vecinos contaron a Radio Concierto en la mañana de este miércoles, que fueron a explicar a los concejales que el proyecto viola la normativa vigente, y fueron Valeria Romero y Sebastián Martínez quienes dijeron que “ni sabían de la existencia de la ordenanza”, y quieren usar para sus intereses personales su desconocimiento de las normas, lo cual es más grave aún porque son concejales.
“Somos vecinos muy unidos, y acá podemos ver en el terreno que no es nada seguro, es muy pequeño para 7 pisos. Estamos tratando a tiempo de solucionar esto”, advirtió una de las vecinas, al referirse a que la propiedad para la edificación tiene dimensiones muy pequeñas para tanta elevación, ya que es de 17×40.
“Ya pedimos hablar con el intendente Miguel Prieto y no nos recibe, pero los dueños ya están publicando el proyecto, y eso es porque está aprobado, Y cómo es que lo hicieron si la Ordenanza dice que solamente hasta 3 pisos nomás está permitido en la zona residencial”, dijo otra de las vecinas.
La misma refirió además que el corrupto concejal Pedro Acuña, cuñado recaudador del intendente imputado, objetó la postura de los vecinos y les dijo que “la ordenanza está desfasada y estamos en nuevos tiempos”. Sin embargo, esa ordenanza “desfasada” está vigente, y si la modifican ahora no podría tener efectos retroactivos porque la obra en sí ya empezó.
“Este es un barrio residencial que está regido por Ordenanza, y esta obra afecta a tres colegios privados con muchos niños aquí, y además hay problemas con el tránsito. No estamos en contra del desarrollo urbano, cuestionamos que no se cumpla la ordenanza y nos enteramos por redes sociales que acá hay un proyecto que incumple las exigencias, pero no lo vamos a permitir”, afirmó finalmente otro de los vecinos que habló con Radio Concierto.
