Es en el marco de una investigación de la construcción de una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para niños, realizada en plena pandemia. La obra, financiada con fondos del Consejo de Salud local, había quedado bajo sospecha por irregularidades en su ejecución y utilización.
La construcción de este espacio inicialmente no cumplía con los requisitos para ser considerado como UTI, y mediante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), tuvo que ser readecuado para poder ser utilizado como tal.
En su momento, el intendente Miguel Prieto había asegurado que la obra ya estaba habilitada como una unidad de cuidados intensivos pediátricos, sin embargo, este espacio solo funcionó como un pabellón respiratorio durante un período crítico de la emergencia sanitaria.
Lo más cuestionado es que los fondos destinados para la obra provienen de los recursos recaudados en la terminal de ómnibus de Ciudad del Este, una fuente de ingresos vinculada a las arcas del Consejo de Salud local. La falta de transparencia en el uso de este dinero y las posteriores declaraciones del intendente Prieto, que no coincidieron con la realidad de la obra, levantaron sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
La construcción de la UTI para niños se llevó a cabo en una época de extrema urgencia debido a la crisis sanitaria por COVID-19, lo que obligó a las autoridades locales a priorizar proyectos de infraestructura para enfrentar la emergencia. Sin embargo, se cuestiona si los recursos fueron bien invertidos en una obra que no cumplió con su propósito original.
Por ahora, el Hospital Regional de Ciudad del Este cuenta con seis camas en su nueva UTI pediátrica, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿se hizo un uso adecuado de los fondos públicos? La respuesta a esta interrogante aún está por verse.
