El cuestionado juez Amílcar Marecos hizo gala de su ignorancia al no decidir que un ciudadano argentino acusado de robo permanezca recluido en la Dirección de Policía del Alto Paraná, en lugar de ser trasladado a la penitenciaría de varones, como corresponde según las normativas locales.
El detenido, identificado como Jorge Javier Grasso, habría sustraído 12.000 dólares de una mochila perteneciente a otro ciudadano argentino. En su poder se encontraron tanto la mochila como parte del dinero robado. El caso cobró notoriedad porque el acusado figura como mujer en su Documento Nacional de Identidad argentino.
La fiscal Carolina Rosa Gadea solicitó inicialmente que Grasso fuera enviado a una comisaría de mujeres, argumentando con base en la legislación argentina, aunque dejó la decisión final en manos del director de Policía, Feliciano Martínez. Finalmente, el acusado quedó detenido en el calabozo de la Comisaría Primera, en el microcentro de Ciudad del Este.
Este sábado, el juez Marecos ordenó que el detenido permanezca en la Dirección de Policía del Alto Paraná durante 15 días, hasta que se dicte una nueva disposición. Esta decisión ha sido objeto de críticas por parte de sectores que consideran que el juez debía haber actuado de acuerdo con las normativas paraguayas, enviando al acusado a la penitenciaría de varones, como se acostumbra en casos de personas transgénero en el país.
En Paraguay, no existe ninguna ley que respalde la aplicación de normativas extranjeras en casos como este, lo que ha alimentado el debate sobre la actuación tanto del juez como de la fiscal en este proceso.
