La Sala Penal de la Corte destrabó una de las causas contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por supuesta lesión de confianza en el caso de supuestas licitaciones direccionadas que habrían causado un perjuicio de Gs. 306 millones.
La Corte no admitió un recurso planteado contra la resolución que cuestionaba la competencia del juez Humberto Otazú. Específicamente, es lo relacionado al rechazo de las excepciones de Incompetencia por la cuantía y la territorialidad, planteada por la defensa de otros procesados en la causa.
En el proceso en cuestión, se atribuye a los procesados haber formado parte de un esquema encabezado por Prieto, que desviaba recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando perjuicio patrimonial al municipio esteño.
