Y sus integrantes en Ciudad del Este hicieron esta contundente afirmación este lunes 9 de diciembre, Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, durante una conferencia de prensa a la que convocaron para recordar las causas paralizadas del intendente de Ciudad del Este, a pesar de la gravedad de los hechos punibles comprobadamente cometidos por Miguel Prieto Vallejos y su entorno.
Si bien la Contraloría Ciudadana mencionó nueve casos que denunciaron ante el Ministerio Público, insistieron en algunos que son más emblemáticos, y que sigue muy vigentes, ya que los negociados se siguen haciendo con los mismos personajes. La lucha contra la corrupción tendría que ser un compromiso ciudadano, un compromiso de todos”, afirmó el abogado Víctor Enriquéz.
El profesional insistió en que los mismos fundamentos del pedido de intervención a Sandra Mc Leod, hoy están plenamente vigentes con Miguel Prieto Vallejos, que creó con su entorno algunas empresas solamente con el fin de facturar a la Municipalidad, y criticó que los mismos funcionarios que formaron parte de las mafias del clan Zacarías, como con la “Caja 9”, hoy sigan manejando las finanzas municipales con Prieto.
Tanto Víctor Enriquéz, como la Lic. Magdalena Montiel, dieron explicaciones puntuales de algunos casos, indicando que, para hacer sus denuncias, usaron documentos que la misma Municipalidad les provee por la Ley de acceso a la Información Pública. “Esos documentos públicos fueron presentados como instrumentos a la Fiscalía”, indicó el primero.
Seguidamente puntualizaron algunos casos, como el de “Tía Chela”, a la que calificaron como “una despensita que proveyó insumos, en proceso que fue totalmente fraguado. Convocaron a tres empresas conectadas entre sí en familia, para sacarle a la Municipalidad cerca de 3.000 millones de guaraníes”, sostuvo Enriquéz. En este caso, Miguel Prieto está imputado junto a otros de su entorno.
La otra imputación es por la compra de productos de panadería. “Compraron de una empresa que excava pozos artesianos, y cuyo dueño denuncia que no sabía que hizo negocio con la Municipalidad de Ciudad del Este”, afirmó, al mencionar que es caso también está paralizado con las constantes chicanas de Miguel Prieto Vallejos.
Citaron además el caso de “MB Construcciones”, de Elvio Marecos, vecino y amigo de Prieto, y describieron que las investigaciones les llevaron “a una casita que vendía frazadas y alfombras”. “Y ahora es la mayor empresa constructora de todas las comisiones vecinales. Hoy tiene 14.500 millones de guaraníes en licitaciones, y 6.000 millones en transferencias para obras por Comisiones”, afirmó el abogado de la Contraloría Ciudadana. También hicieron mención a “la casa que era casi un prostíbulo”, y cuyos accionistas son funcionarios de la Municipalidad y de un mismo entorno familiar. “Cambian de nombre, y son adjudicadas con obras con montos multimillonarios, sin ningún tipo de experiencia.
Dos empresas que fueron creadas desde la Municipalidad para hacer obras, señala, al mencionar el caso de “GOLDEN ROUGE”, que pasó a ser “SCDE”, y ahora es la mayor beneficiada por Prieto en obras. La Contraloría Ciudadana citó además la Mensura Judicial de la Finca 66. “Miguel Prieto tiene en la Municipalidad 40 asesores jurídicos, con honorarios fijos, y tres topógrafos profesionales, pero a los efectos de saquear recursos públicos, contrata a una empresa para la mensura y paga 2.670 millones de guaraníes por la Mensura, con invento de datos”, afirmó.
Fue entonces que mencionó que el intendente de Ciudad del Este conformó “una asociación criminal jerárquicamente organizada para apropiarse de los recursos públicos municipales”. Y agregó datos de la compra de alimentos para ollas populares en 2020 durante la pandemia del Covid-19.
“Un 30 de diciembre, usó fotos de abril del 2020, con proceso completo hecho en un solo día, desde la convocatoria hasta el pago del dinero y hasta la rendición de cuentas, hicieron todo en un solo día, el penúltimo del año, recordando que el hoy concejal Sebastián Martínez, avaló que estas fotos eran del día 30 de diciembre, cuando en realidad eran de abril del mismo año. “Las actas de subcomisiones de diferentes barrios, fueron redactadas por la misma persona, y casi todos del mismo entorno familiar. Fraguaron solamente para que el 30 de diciembre se sacaran fondos de la Municipalidad”, refirió finalmente, para reflexionar que tanto la Justicia como el Ministerio Público no están cumpliendo su parte, para castigar a los saqueadores de las arcas municipales.