La fiscal Zunilda Ocampos Marín formuló acusación contra dos comerciantes por la supuesta comisión de delitos ambientales y solicitó la apertura de juicio oral y público. Los acusados son José Antonio Díaz Bogarín (35) y Juan Domingo Brizuela (44). El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías n.º 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete.
Los cargos presentados contra los acusados incluyen infracciones por realizar actividades que atentan contra el equilibrio ecológico y eludir obligaciones en mitigación ambiental, la disposición inadecuada de productos fitosanitarios vencidos y envases vacíos, procesamiento ilícito de desechos y operar sin evaluación de impacto ambiental, que están contemplados en la Ley 716/96 del Medio Ambiente, en la Ley 3742/2009, además en la Ley 294/1993 y el Código Penal.
La investigación revela que los procesados operaban irregularmente un lavadero de bidones en el km 20 de la Ruta Py02, en el distrito de Minga Guazú, sin habilitación ni medidas de mitigación. Díaz Bogarín se encargaba del transporte y depósito de los envases, mientras Brizuela gestionaba el local y la venta.
En el sitio procesaban envases de fitosanitarios prohibidos, incluyendo tambores metálicos de 250 litros, envases plásticos de 1000 litros (tipo IBC) y bidones de 20 litros, generando olores desagradables y contaminación que afectaba al barrio, según reportes de vecinos, considerando que no posee fosas para acumular el líquido de los recipientes lavados.
La denuncia sobre el caso fue presentada ante la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente el 27 de junio de 2024 por un denunciante anónimo, quien describió que en el sitio abundaban envases esparcidos, causando molestias en la comunidad. Posteriormente, el 6 de agosto de 2024, durante un allanamiento fiscal, en cumplimiento al Auto Interlocutorio n.º 1099 firmado por la jueza Alba Meza, se confirmó las irregularidades.
Juan Brizuela, presente en ese momento en el lugar, admitió la actividad irregular y la falta de documentación (Licencia Ambiental, Plan de Gestión, patente municipal, autorización del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), mostrando solo una consulta previa sobre transporte de envases realizada por Díaz Bogarán. El local, un tinglado precario sin paredes laterales, almacenaba los mencionados envases a cielo abierto.
Un informe del 12 de febrero de 2025 confirmó el incumplimiento normativo y el riesgo ambiental, señalando la falta de criterios técnicos y autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Basándose en los diversos elementos incriminatorios, la fiscal Zunilda Ocampos formuló la acusación contra Díaz Bogarín y Juan Domingo Brizuela, solicitando el correspondiente juicio oral.
