El pleno de la Cámara de Senadores aprobó presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los tres camaristas que anularon la orden de captura del abogado Walter Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).

Los magistrados Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta revocaron la detención del abogado, quien fue procesado tras abofetear a la ingeniera Lourdes Sosa durante una fiscalización en una estación de servicio de la empresa 3 Fronteras.

La iniciativa fue impulsada por la senadora Lilian Samaniego y respaldada por el pleno de la Cámara Alta.

La Cámara de Apelaciones resolvió eximir de prisión al abogado Walter Acosta, revocando así la orden de captura emitida por el juez penal de garantías Bernardo Silva, de Santa Rita, en el marco de una causa por coacción, coacción grave y resistencia.

Acosta había abofeteado a la ingeniera Loures Sosa, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), durante una fiscalización en una estación de servicio de la firma 3 Fronteras. En el momento de la agresión, los funcionarios constataban irregularidades y labraban un acta.

Pese a que Acosta se encontraba prófugo, su defensa presentó un recurso ante la Primera Sala del Tribunal de Alzada, logrando que los camaristas Raúl Insaurralde, Marta Acosta y un tercer magistrado firmaran la resolución que lo favorece.

La medida fue formalizada a través del Auto Interlocutorio N.º 83, emitido este martes, que revoca la resolución previa (AI N.º 231 del 21 de marzo), con la cual el juez de garantías había declarado la rebeldía del abogado y ordenado su captura.

Con esta decisión, Acosta podrá afrontar el proceso sin ser detenido, en tanto la resolución sea notificada a las partes.La agresión contra la funcionaria del INTN fue repudiada por diversas instituciones y gremios, entre ellos el Colegio de Abogados del Alto Paraná, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo, que manifestaron su respaldo a la víctima.

La Dra. Karina Rejala hizo estas afirmaciones durante una entrevista en Radio Concierto, ya que, a pesar de existir una acusación fiscal por ESTAFA contra miembros de esa multinacional, ni siquiera pudieron ir a audiencia preliminar, donde un juez debe elevar la causa a juicio oral y público.

Estamos hablando de la causa caratulada “Celio Ramón Ortiz Gullón y Otros por Estafa”, N° 7835/2022, donde la defensa de estas personas abusó de las chicanas para evitar el diligenciamiento de las pruebas, desde la imputación hasta ahora. Todas sus chicanas sin embargo fueron rechazadas por la Cámara de Apelaciones, y es el momento en que de nueva está fijada una fecha para la audiencia preliminar: el 25 de marzo.

La profesional es dueña de una empresa “La Paraguaya SA”, y la causa es por ESTAFA, en un caso contra miembros de la multinacional CARGILL SACI, con base en Minga Guazú. La denuncia ya fue realizada hace tres años, y habla de una estafa que está por encima de 600.000 dólares americanos, que involucra además a una empresa denominada “AGAPE AGROGANADERA SA”, que habría recibido 2.000.000 de dólares de CARGILL, pero no pagó a sus proveedores.

La abogada Karina Rejala explicó en su momento que su empresa tenía un mandato para entregar 3.000 toneladas de soja a CARGILL, a través de la empresa ÁGAPE. En este último caso, “La Paraguaya SA” cumplió con este mandato, pero hasta ahora no percibió el dinero que le corresponde, pero sí fue recibido por la empresa intermediaria, que es AGAPE, según los términos de la denuncia.

La acusación fue presentada por el Ministerio Público el 17 de setiembre de 2024, y desde entonces los acusados “se turnan” para chicanear y evitar la audiencia preliminar. En total son 16 apelaciones rechazadas con costas, y hace una semana la denunciante presentó un recurso ante la Superintendencia de Justicia de la Corte Suprema de Justicia, para que los abogados chicaneros sean sancionados.

“Sabemos que estamos luchando contra un monstruo”, afirmó la profesional, al tiempo de recordar que el 17 febrero se volvió a suspender la audiencia porque le han cambiado a la fiscal acusadora, y la actual, Dominica Zayas, ya adelantó que su postura podría diferir con su colega que presentó la acusación, lo cual no está previsto en el Código Procesal Penal. Ahora esperan la realización de la audiencia preliminar el 27 de este mes.