La denuncia está siendo realizada por las personas afectadas por la determinación de la jueza Evangelina Villalba, y ejecutada por un Oficial de Justicia y la Policía Nacional el martes en el barrio Amambay de Ciudad del Este. La familia que fue objeto de este desalojo ahora culpa del hecho a la Municipalidad de Ciudad del Este.
El desgarrador testimonio es de Juana Fernández quien fue desalojada del terreno que habitaba en el barrio Amambay II, tras vivir allí por 33 años. En medio de la angustia, la mujer culpó directamente al intendente Miguel Prieto Vallejo, asegurando que la Municipalidad de Ciudad del Este avaló el proceso a través de la Junta Municipal.
La afectada relató entre lágrimas que, en su hogar, junto a sus vecinos, realizaron rifas para construir un espacio donde los niños del barrio pudieran escuchar la palabra de Dios, iniciativa que quedó destruida tras el desalojo.
El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de un mandamiento judicial, ordenado por la jueza Victoriana Cáceres Duarte, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Alto Paraná.
El documento establece la desocupación forzosa del terreno identificado con Matrícula K04/39.426, con una extensión de 2 hectáreas y 3.272 metros cuadrados, propiedad de la empresa «MAREA» SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC 80025159-8, junto con IKATU EMPRENDIMIENTOS S.A. (RUC 80069965-3) y Jorge Arturo Fernández Herrero.
El desalojo se fundamenta en la Resolución N° 037/2019 J.M., mediante la cual la Junta Municipal aprobó el plano de ocupación del terreno municipal, destinándolo a plaza y edificio público. La medida afecta un área de 14.366,59 m², ubicada en la Calle 4 Monday – Fracción Amambay II.
La resolución fue firmada el 5 de marzo de 2019 en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, por el secretario general Claudio Durañona y el entonces presidente de la Junta, Lic. Herminio Corvalán. Las familias afectadas aseguran que no fueron notificadas previamente y que las autoridades no ofrecieron alternativas ni soluciones para su reubicación. La situación ha generado una ola de indignación, con vecinos exigiendo respuestas y denunciando la falta de transparencia en el proceso.