El juez penal de garantías Humberto Otazú fijó para los días 4 y 7 de abril la audiencia preliminar en la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial de 306 millones de guaraníes a la Municipalidad de Ciudad del Este, relacionado con la compra irregular de insumos para la fabricación de panificados durante la pandemia de COVID-19.

El intendente Miguel Prieto Vallejos y otros 12 altos funcionarios de su administración están acusados por el Ministerio Público por los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación sostiene que los insumos fueron adquiridos mediante una licitación por vía de excepción, bajo supuestos fines sociales, pero que los recursos municipales habrían sido desviados.

El proceso judicial estuvo temporalmente trabado debido a una acción de inconstitucionalidad presentada por uno de los acusados, sin embargo, el juez Otazú resolvió que dicha acción no tiene efecto suspensivo, permitiendo la continuidad del proceso y la fijación de la audiencia preliminar.

Además de Miguel Prieto, también está acusado Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Director de Administración y Finanzas, ambos por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de coautores. Prieto también fue acusado de asociación criminal en calidad de autor, mientras que Arrúa lo fue como coautor.

Otros implicados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Servicios Generales, empresa adjudicada en la licitación; Emili Vanessa Florentín Páez, representante legal de Vanemi S.A., subproveedor de Tajy; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal municipal; Alex Samhat, jefe de la Planta Procesadora de Alimentos y administrador del contrato; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de Órdenes de Pago; y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero municipal. Todos están acusados de lesión de confianza, administración en provecho propio como cómplices, y asociación criminal en calidad de coautores.

De acuerdo con la acusación fiscal, entre marzo y junio de 2020, Prieto, como ordenador de gastos de la comuna, promovió una licitación por la vía de excepción (ID N° 382.239) para adquirir insumos destinados a la elaboración de panificados para familias vulnerables durante la pandemia, pero las supuestas irregularidades en la contratación habrían derivado en un perjuicio económico al municipio. La audiencia preliminar definirá si el caso se eleva a juicio oral.