Es que, el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar al imputado y acusado intendente de Ciudad del Este, en la causa por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si eleva o no el caso a juicio oral y público.
Sin embargo, de acuerdo a las informaciones a las que accedió Radio Concierto, Miguel Prieto Vallejos ya está tramando con sus bogados una nueva chicana para evitar esta audiencia, y lo haría con una recusación de otros co-imputados en la causa, todos ellos funcionarios de menor rango de la Comuna, responsables de montar un esquema para dejar un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 (trescientos seis millones ciento ochenta y ocho mil quinientos) guaraníes, según la acusación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
Los hechos ocurrieron entre marzo y junio del 2020, en plena PANDEMIA, cuando todos ellos montaron otra parodia de licitación, POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, supuestamente para familias de escasos recursos, ante la crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
Según la acusación fiscal, todo el proceso de compra pública fue direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica funcional a Prieto. En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A. y ex pareja sentimental de Miguel Prieto; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
Cada uno de ellos tiene una chicana propia, y hacen que constantemente se suspendan las audiencias, con la certeza de la impunidad que le otorgan un Ministerio Público frágil y corrupto, encabezado por Emiliano Rolón Fernández.
