El fiscal Silvio Corbeta ratificó los elementos que obran en la acusación y que son expuestos en el juicio al ex intendente de Ciudad del Este, en el caso conocido como Tía Chela y consideró que los cuestionamientos a su trabajo o al trabajo del Ministerio Público responden más a una estrategia defensiva y una campaña de desinformación sobre un supuesto criterio selectivo del órgano encargado de la persecución penal en representación de la sociedad

Corbeta defendió tanto la causa que lleva adelante como otras vinculadas al ex intendente y recientemente electo como concejal, en algunas se imputó, luego se desestimó y otras se imputó y se acusó. “Todo lo que nosotros tenemos se basa en elementos de prueba y que, en este primer juicio oral, van a ser en su momento exhibidos y explicados en los alegatos finales por parte del Ministerio Público”, según publicó este martes la página especializada en lo judicial El Observador.

“O sea, esto es una campaña de desinformación respecto a la tarea del Ministerio Público, incluso respecto a la tarea del Tribunal de Sentencia, pues incluso se acusó tanto al Tribunal de Sentencia por el hecho de supuestamente haber adelantado el juicio oral de que supuestamente esto venía de una orden del vicepresidente de la República, entre otras mentiras”, dijo Corbeta.

“El juicio oral ya estaba previsto para mayo de este año del 2026, se fijó para el 2027 y posteriormente se volvió a fijar para agosto de este año con razón porque ellos mismos dicen no tiene ninguna fecha determinada de cuándo este juicio va a terminar eh por la cantidad de testigos que ellos ofrecieron y bueno, en el 2027 se cumplen exactamente 4 años de que él fue imputado y el plazo razonable son 4 años y este señor fue imputado al mismo tiempo que el senador Erico Galeano, o sea, y el senador Erico Galeano hoy ya tiene una sentencia confirmada en todas las instancias, inclusive hasta en la Corte Suprema”, agregó.

“Recién estamos iniciando el juicio el caso Tía Chela que estuvo siendo básicamente chicaneado o un ejercicio abusivo del derecho por casi 2 años o 1 año y medio aproximadamente.  Entonces, no podemos decir que supuestamente hay una selectividad. Y todo eso son campañas de desinformación con respecto a la ciudadanía y corresponde que la ciudadanía sepa la verdad, ¿verdad? En verdad, en este caso de Tía Chela no hubo una provisión conforme a lo que se descubrió. No es una eh denuncia digamos infundada”, afirmó finalmente.

El juez penal de garantías Nelio Prieto rechazó el pedido de revisión de medidas presentado por la defensa del suboficial policial Osvaldo Daniel Ortega Adorno, por lo que resolvió mantener vigente su prisión preventiva.

El uniformado, quien se desempeñaba como jefe de la Comisaría del barrio Santa Ana, fue detenido tras una denuncia de su expareja por supuestos hechos reiterados de violencia familiar y amenazas de muerte.

La defensa, representada por el abogado Carlos Álvarez, había solicitado la libertad ambulatoria del imputado. La querella adhesiva se opuso y presentó elementos que, según sostuvo, demostrarían amenazas contra la víctima, incluidos mensajes enviados a través de WhatsApp.

Tras analizar los argumentos de las partes, el juzgado resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa y mantener la prisión preventiva de Ortega.

Paralelamente, fue presentada otra denuncia por un supuesto hecho de extorsión contra el uniformado, mientras se analiza internamente su situación dentro de la Policía Nacional.

Un Tribunal de Sentencia condenó al abogado Gaspar Reynaldo Sánchez Canales, exfuncionario de la Gobernación del Alto Paraná, tras hallarlo culpable del hecho punible de acoso sexual. La sentencia fue dictada luego del juicio oral y público, casi cinco años después del inicio del proceso. Según la querella, durante el debate se presentaron pruebas y testimonios que respaldaron la denuncia de la víctima.

El abogado querellante, Mauro Barreto, destacó que se trata del segundo caso con condena por acoso sexual en Alto Paraná y el primero en el que se impone la pena máxima prevista, consistente en dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena, además del pago de una indemnización de G. 20 millones a favor de la víctima.

Barreto señaló que el fallo representa un precedente importante y pidió a senadores y diputados impulsar una reforma para aumentar las penas por este delito. Asimismo, recordó que Sánchez Canales renunció al cargo que ocupaba en la Gobernación cuando se inició la causa.

El querellante indicó que la condena aún no está firme y que, debido a los recursos que puede plantear la defensa, el caso probablemente llegue hasta la Corte Suprema de Justicia. «Ojalá quede firme por tantas otras víctimas», expresó.