En su declaración testifical el día de ayer lunes ante la unidad anticorrupción en el Ministerio Público, el empresario Enrique Ignacio Vázquez García hizo estas devastadoras revelaciones que deben terminar por llevar a la cárcel a las autoridades municipales de Ciudad del Este.
La causa penal que investiga presuntos hechos de corrupción en la administración del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, sumó así un testimonio clave que revela un hediondo esquema de coimas y direccionamiento de licitaciones en la obra de la Costanera Ñande Renda, en el kilómetro 8 Acaray.
Enrique Ignacio Vázquez García, empresario y representante legal del consorcio adjudicado “Ñande Ypoty”, declaró ante el Ministerio Público que fue obligado a pagar millonarias sumas a funcionarios y allegados al exjefe comunal para asegurarse la adjudicación y ejecución de la obra.
Según su testimonio, fue contactado en 2019 por Víctor Lugo, actual concejal de Minga Guazú, y Pedro Acuña, entonces secretario del intendente Prieto, quienes lo introdujeron en el proceso licitatorio. También estuvo involucrada la entonces jefa de obras de la municipalidad, Stefany Garcete, quien –según el declarante– viajó a Buenos Aires para reunirse con él y coordinar el armado de toda la documentación de la licitación.
“Ellos armaron todo el legajo técnico y administrativo; yo solo firmé”, afirmó Vázquez, quien también aseguró haber sido presionado para entregar USD 50.000 en efectivo a Garcete, y además le pidieron comprometerse a comprar materiales de un proveedor específico, al cual se negó.
La declaración indica que para ser adjudicado debió entregar un primer pago de G. 650 millones, dinero que obtuvo a través de un préstamo personal garantizado por Diego Marciano Zarate. Posteriormente, se le exigieron G. 550 millones más para repartir entre concejales, monto que habría sido entregado íntegramente a Víctor Lugo.
Durante la ejecución del proyecto, Vázquez denunció haber sido obligado a entregar el 10% de cada pago que recibía, lo que suma otros G. 1.200 millones en coimas. A pesar de ello, afirmó que no logró cobrar más de G. 2.000 millones correspondientes al contrato original.
Además, tras la filtración de audios donde exponía la situación, relató haber sido amenazado físicamente por personas desconocidas y agredido por el propio intendente Miguel Prieto, quien –según Vázquez– lo insultó y empujó en su despacho. Luego, fue forzado a ceder el cobro de los pagos restantes a un tercero, Horacio Fleitas Branda, quien habría cobrado más de G. 1.100 millones en su nombre.
Vázquez señaló que actualmente no ha recibido cerca de G. 1.900 millones, por lo que inició gestiones legales con un nuevo abogado para recuperar lo adeudado. También se comprometió a entregar su celular y documentación adicional a los fiscales para contribuir con la causa. La investigación continúa bajo la dirección de los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
