Las afirmaciones de la fiscal Vivian Coronel, tienen que ver con la investigación que realiza sobre la captación de técnicos connacionales que son llevados al Brasil para trabajar en fábricas clandestinas de cigarrillos. En principio, las denuncias señalaban que esas personas eran llevadas bajo engaños, pero aparentemente no es así.
Si bien la fiscal admite que se tratan de prácticas análogas a la esclavitud, sostiene que es un trabajo muy complejo, y se complica más llegar a la verdad, porque las víctimas se bloquean y no brindan información. “Tampoco sus familiares quieren colaborar, seguramente tienen miedo y soportan amenazas”, afirmó.
Vivian Coronel manifestó que en este escenario no se puede comprobar si verdaderamente esas personas llevadas al Brasil están en una condición vulnerable. “Si recibieron una promesa de mejor propuesta laboral, con salarios muy por encima del mínimo legal vigente, van a hcen los trabajos sabiendo que es ilegal”, admitió.
En otro momento la fiscal Antitrata de personas dijo que esos detalles pueden pasar por alto, y tienen que analizar caso por caso. “La ley de protección contra la Trata de Personas considera que las víctimas no serán punibles si cometen hechos punibles durante el régimen de explotación, por eso caso por caso, en forma minuciosa, se debe analizar”, agregó.
Admitió finalmente que en su unidad tienen individualizadas a varias personas en el carácter de captadores, y a través de la cooperación internacional han solicito un cruce de informaciones sobre los dichos de los compatriotas que fueron liberados en operativos en Brasil, y si guardan o no relación con lo que investigan, y la respuesta siempre es la misma, que ellos no quieren hablar.
De los allanamientos practicados en Paraguay el mes pasado y que derivaron en la detención de un captador, la fiscal afirmó que están aún en la etapa de análisis de documentos y dispositivos móviles que se han incautado en esos allanamientos. “Tenemos un alto número de connacionales que trabajan así, porque en cada contingente, hay mínimo 20 personas, y ellos no se consideran víctimas, dicen que fueron a propia voluntad para obtener mejores ingresos económicos”, admitió la representante del Ministerio Público.
