La denuncia tiene que ver con el millonario pago realizado por la Municipalidad de Ciudad del Este en la gestión de Miguel Prieto, por la Mensura Judicial de la Finca 66 que finalmente resultó en la nada, y sirvió solamente para que el hoy intendente suspendido, intente quedarse con parcelas importantes de esa fracción.
El abogado Víctor Enríquez, una de las cabezas visibles de la Contraloría Ciudadana, explicó que el caso expone, no solo el desvío sistemático de recursos, sino también el uso de cargos técnicos y jurídicos para legitimar maniobras fraudulentas, en perjuicio directo de una población necesitada.
Por ello, señala que piden una investigación penal y patrimonial a todos los responsables involucrados, incluyendo a la exdirectora jurídica municipal, abogad Nidia Silvero de Prieto, al empresario Jorge Daniel Quintana, y al suspendido intendente Miguel Prieto. “La ciudadanía pide justicia y recuperación del dinero robado al pueblo”, afirmó el abogado Enriquéz.
De acuerdo a los detalles que la organización de ciudadanos publicó en las redes sociales, la licitación pública nacional fue totalmente amañada desde la administración de Miguel Prieto, para que finalmente se pague la friolera suma de G. 2.673 millones de las arcas municipales por un trabajo que hasta hoy no tiene consecuencias.
La adjudicación fue realizada a la empresa GEOCAD Consultoría, Topografía y Ambiental. El contrato fue avalado por la entonces directora jurídica municipal, abogada Nidia Silvero de Prieto, actual presidenta del Colegio de Abogados del Alto Paraná, quien con su dictamen legitimó pagos groseramente desproporcionados y carentes de sustento legal, según la denuncia de la Contraloría Ciudadana.
LOS MONTOS PAGADOS
Estudio de antecedentes de título: G. 267.300.000 (cuando el arancel legal no supera G. 5.381.350).
Publicación en prensa: G. 267.300.000 (aunque la factura real de ABC Color fue por solo G. 585.000).
Constitución de juez en el inmueble: G. 267.300.000 (cuando por acordada judicial solo correspondía unos G. 1.600.000).
Acompañamiento de MOPC y Catastro: G. 267.300.000 (cuando el arancel oficial por el trámite es de apenas G. 25.000).
La Contraloría Ciudadana afirma que estos montos fueron inflados con total premeditación, convirtiendo un proceso necesario para los asentamientos populares en un esquema de saqueo institucionalizado.
La licitación N° 07/20 fue diseñada Ad Referéndum Plurianual, es decir, con pagos escalonados durante 2021 y 2022, lo que facilitó el manejo opaco de los fondos. El dictamen jurídico de Silvero de Prieto, lejos de advertir sobre los costos exorbitantes, justificó cada uno de ellos.
