Este lunes, tras una serie de presiones por parte de la ciudadanía y la familia de la víctima, el fiscal Alberto Torres finalmente encabezó los allanamientos a las viviendas de dos de los principales sospechosos en el caso del asesinato de Francisco Daniel López Peña, joven pasero de 25 años. Las diligencias, realizadas con acompañamiento policial, se llevaron a cabo en Presidente Franco, en domicilios pertenecientes a Mateo Benítez Cristaldo y José Luis González, alias “Jor”, quienes fueron los últimos en ser vistos con Francisco la noche de su desaparición.
Las imágenes del circuito cerrado de la zona ya los identificaban desde los primeros días del caso, cuando se los observaba descendiendo con la víctima hacia la ribera del río Paraná y posteriormente regresando solos. A pesar de esa evidencia, el Ministerio Público tardó más de diez días en reaccionar. Como consecuencia, una de las viviendas inspeccionadas hoy ya estaba vacía, lo que alimenta la indignación y las sospechas sobre un posible encubrimiento o pérdida de pruebas fundamentales.
En el primer inmueble allanado, donde reside el adolescente Mateo Benítez, se incautaron prendas de vestir que podrían estar relacionadas con el crimen: una campera tricolor, un pantaloncito deportivo rojo y un par de sandalias azules tipo hawaiana. Por otro lado, en la vivienda de José Luis González —identificado por varios como hijo del narcotraficante condenado Víctor “Chapaló” Brítez Aranda— no se encontró absolutamente nada. Según los datos, la casa fue desocupada en su totalidad antes del operativo fiscal, situación que revela el grave retraso en la ejecución de la orden judicial. La inacción del fiscal Torres durante los primeros días permitió tiempo suficiente para ocultar o destruir posibles evidencias.
Este no es el primer caso en el que se cuestiona la actuación del representante del Ministerio Público, pero la gravedad del hecho y la falta de celeridad en los procedimientos exponen con crudeza su gestión en este caso en particular. Anteriormente, solo se había realizado un allanamiento en la vivienda de Eugenio Medina Ávalos, alias “Keño”, donde se encontró un rifle calibre 22 que se presume fue utilizado en el asesinato, además de otras armas largas, radios de comunicación, cámaras y un largavista. Sin embargo, ese procedimiento tampoco arrojó avances relevantes en la investigación.
Hasta la fecha fueron detenidas seis personas: Cristian Javier Aranda Benítez, alias “Turiel’i”, quien estaba en posesión de la motocicleta de la víctima; Ronald Ferreira González, con orden de captura por robo agravado; el menor de 16 años pero con arresto domiciliario; Eugenio Medina Ávalos; su esposa Antonia Elizabeth Peralta; y José Luis González alias “Jor”. Ninguno ha colaborado con información útil para esclarecer los hechos.
EL CASO
Francisco López, estuvo 12 días desaparecido, fue hallado muerto por pescadores y efectivos de la Marina en aguas del río Paraná, a la altura de Puerto Irala, a más de 70 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez. Su cuerpo presentaba una herida de bala en el tórax, con orificio de entrada y salida, lo que confirma que fue asesinado antes de ser arrojado al río.
La comunidad exige justicia y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley. Pero también pide que se investigue la inoperancia del fiscal del caso, cuya demora podría haber comprometido irremediablemente la posibilidad de obtener pruebas clave.
