Y eso que, al justificar su contratación en medio de un feroz nepotismo, Miguel Prieto había afirmado que Meribeb Alonzo Vallejos, su prima, fue contratada para “combatir” el esquema de robos en la dirección de Impuesto Inmobiliario, pero las evidencias muestran que la llevó para montar y ejecutar su esquema de saqueos al contribuyente.
El intervenido intendente de Ciudad del Este salió a responder a las denuncias hechas hoy por el interventor, y presentadas en la Fiscalía, indicando que la “caja paralela” ya había sido detectada y denunciada por su gestión a inicios de año. Sin embargo, los documentos muestran que su versión no coincide con los hechos.
Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo – hecho que admitió el apartado jefe comunal en cadena nacional de televisión– y no por las graves anomalías en el cobro del impuesto inmobiliario.
La investigación del Interventor surgió tras una auditoría informática al sistema SIGEM, donde se detectaron pagos millonarios, registrados como efectuados en enero de 2025, que no figuran en la Tesorería de la Comuna. Entre las operaciones cuestionadas figuran movimientos en las cajas 6 y 8, con usuarios y cajeros asignados que no coinciden con los registros oficiales.
Entre los implicados aparecen Meribeb Alonzo Vallejos, prima de Prieto; Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera. Varios comprobantes presentan fechas y montos válidos en el sistema, pero no corresponden a arqueos reales de caja.
Prieto sostiene que su administración detectó casi G 900 millones de irregularidades y que removió a responsables. Sin embargo, la denuncia que él presentó solo menciona a dos funcionarios por “lesión de confianza” y omite toda referencia a su prima, a quien ocultó y defendió públicamente como “demasiado honesta para estar ahí”.
La intervención, en cambio, documentó pagos inconsistentes, usuarios con perfiles alterados y respaldos digitales que indican manipulaciones del sistema. Entre las pruebas remitidas se incluyen memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos informáticos.
El Ministerio Público tiene a su cargo comprobar si existieron maniobras para registrar pagos ficticios, hecho comprobado por la Intervención, y si los fondos ingresaron efectivamente a la Municipalidad. Tanto Maribeb Alonzo Vallejos, como los demás implicados, podrían ser imputados por exacción y alteración de datos públicos, y se exponen a 10 años de prisión.
