El agente fiscal Orlando David Quintana, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente Nº 1 de Alto Paraná, imputó a un hombre por la presunta comisión del hecho punible de tráfico de animales silvestres, previsto en la Ley 716/96, tras ser sorprendido en flagrancia con ejemplares de guacamayos silvestres en peligro de extinción.
Se trata de JOSE ARIMATEA GARCETE ESCURRA, de 45 años.
Según la investigación, el 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 13:25 horas, en la calle Piribebuy, adyacente al Hotel Rosa Palace, en el barrio San Pablo de ciudad Presidente Franco, el sospechoso fue sorprendido mientras ofrecía animales silvestres a través de redes sociales.
Durante el procedimiento de verificación, personal de la Agrupación de Seguridad de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) inspeccionaron un vehículo Toyota Platz, año 2001, color plata, chapa N° CBA396 Py.
Dentro del rodado, el imputado tenía en su poder tres ejemplares de aves silvestres vivas, consistentes en un guacamayo azul juvenil (Anodorhynchus hyacinthinus) y dos guacamayos rojos pichones (Ara chloropterus). Estas especies están protegidas y en peligro de extinción, conforme a la Resolución N° 254/2019 del MADES.
Acto seguido, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Sexta de Presidente Franco, mientras que las aves quedaron bajo resguardo del Centro de Investigaciones de Animales Silvestres de la Itaipú Binacional (CIASI).
La Fiscalía sostiene que, de acuerdo con los elementos de convicción recabados preliminarmente, el sindicado incurrió en la supuesta comisión del hecho punible de transgresión a la Ley 716/96, previsto y penado en el artículo 5°, literal a) de la citada norma, en concordancia con el artículo 29, inciso 2, de la Ley 1160/97.
En atención a la gravedad de los hechos y al marco penal elevado que establece la legislación vigente, la Fiscalía solicitó al Juzgado que decrete la prisión preventiva del imputado, conforme al artículo 242 de la Ley 1286/98. La medida busca garantizar su sometimiento al proceso penal y evitar riesgos procesales.
