El juez Humberto Otazú suspendió la audiencia preliminar para el destituido intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otras 12 personas acusadas por un perjuicio de G. 2.949.650.000 a la Municipalidad de CDE, en el caso de la compra fraguada de alimentos, conocida como “Tía Chela”.
La suspensión se dio debido a que el abogado Bruno Aguayo, defensor de la acusada Cirle Alcaraz, una de las cómplices del imputado y acusado ex intendente, recusó al juez Humberto Otazú.
El abogado Aguayo argumentó que existe la jurisprudencia por medio de la cual se remitió una imputación a Prieto a un juzgado de Garantías Ordinario, en razón a que el monto no excedía los 5.500 jornales. “Es la misma situación en este caso”, dijo.
El fiscal Silvio Corbeta asegura que los ítems que la municipalidad había adquirido no fueron entregados por la empresa contratada, mientras que el juez recusado les pidió públicamente a Miguel Prieto y los demás acusados a que “se sometan a la justicia”. Una vez más, Miguel Prieto y su camarilla se presentan, pero chicanean tratando de eludir a la justicia.
