El fiscal Fidel Godoy, titular de la Unidad Penal Nº 1 de la Fiscalía Zonal de Minga Porã, emitió un informe aclaratorio sobre la causa en la que fueron procesadas 13 personas por diversos hechos punibles, en respuesta a una publicación periodística que atribuyó al Ministerio Público la liberación de procesados con antecedentes en un intento de asalto a una transportadora de encomiendas. El representante público destacó la necesidad de aclarar las cuestiones jurídico-procesales de la causa, ante la difusión de información que no se ajusta a la verdad y que afecta la imagen de la institución.
La investigación se originó tras la aprehensión de trece personas en un procedimiento policial realizado el 18 de septiembre de 2025, en el kilómetro 140 de la Ruta PY07, distrito de Minga Porã. Según el informe policial preliminar, los detenidos pretendían interceptar un camión de gran porte y trasladar las mercaderías a otro rodado.
Ante estos hechos, la Fiscalía formuló imputación por robo agravado en grado de tentativa inacabada, asociación criminal, detentación y exposición a peligro en el tránsito terrestre, y solicitó la prisión preventiva de todos los imputados como medida cautelar para asegurar su sometimiento al proceso.
El agente fiscal detalló que, en las audiencias de revisión de medidas cautelares celebradas los días 25 y 26 de septiembre, el Ministerio Público adoptó una postura firme de rechazo en relación con la mayoría de los procesados, especialmente en los casos donde se presentaron ofrecimientos colectivos de bienes sin tasación o cuando existían antecedentes en hechos similares, incluso con órdenes de detención vigentes.
El fiscal Godoy precisó que, de los tres imputados finalmente beneficiados con medidas menos gravosas, dos de ellos habían prestado declaración indagatoria ante el Ministerio Público, brindaron una versión de los hechos y aportaron videos y testimonios que acreditaban ciertos extremos, lo que constituyó un elemento novedoso considerado en la evaluación de las medidas.
Además, ninguno de los tres registra antecedentes policiales ni judiciales; tampoco se les incautó arma de fuego ni ningún otro elemento, y la defensa técnica realizó el ofrecimiento de una garantía real que el órgano judicial consideró suficiente, conforme a los principios que rigen la aplicación de medidas cautelares.
El informe concluye que la actuación del Ministerio Público se ajustó estrictamente a la Constitución Nacional y a las normas procesales vigentes, y al principio de objetividad que el agente fiscal está obligado a respetar en toda investigación. La aclaración busca preservar la transparencia del proceso y el respeto al trabajo de la institución frente a versiones que distorsionan la actuación fiscal.
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