La agente fiscal María del Carmen Meza, de la Unidad Penal Nº 1 de Iruña, obtuvo una condena de 23 años de pena privativa de libertad para Rafael Ayala Mercado (30), encontrado culpable del hecho punible de feminicidio, cometido en perjuicio de su esposa Clara Belén Álvarez Fernández. El fallo se emitió este 14 de octubre, al término del juicio oral y público realizado en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
De acuerdo con los antecedentes, el crimen ocurrió el 20 de septiembre de 2024, alrededor de las 18:10, en la colonia San Roque, del distrito de Ñacunday. En aquella ocasión, el ahora condenado llegó en estado de ebriedad a su vivienda y, tras una discusión con su esposa, extrajo un revólver calibre 22 mm que tenía en la cintura y efectuó un disparo que impactó en el rostro de la víctima, a la altura de la nariz y el ojo, provocando que cayera al suelo ensangrentada y gravemente herida.
El violento episodio ocurrió en presencia de los tres hijos menores del matrimonio. Al escuchar el disparo, el padre de la víctima acudió de inmediato a la vivienda y recriminó a su yerno por lo sucedido, momento en que Ayala Mercado también disparó contra su suegro, hiriéndolo en la mano izquierda. Allí se produjo una lucha entre ambos, en la que el padre de la víctima logró herir al agresor con un machete en la mano derecha, en defensa propia.
Seguidamente, la víctima fue trasladada hasta la vivienda de un familiar, desde donde fue llevada de urgencia al Hospital Distrital de Santa Rita. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso, a causa de un traumatismo de cráneo encefálico grave por disparo de arma de fuego. Por su parte, el autor del feminicidio fue detenido por la Policía.
Durante el juicio oral, la fiscal María del Carmen Meza presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que demostraron la autoría y responsabilidad penal de Ayala Mercado en el crimen. Los magistrados Milciades Ovelar, Flavia Recalde y Emilia Santos valoraron la gravedad de la conducta y el contexto de violencia en que se desarrollaron los hechos.
Finalmente, el Tribunal de Sentencia resolvió imponer 23 años de prisión al acusado, al considerar acreditado que actuó con pleno conocimiento y voluntad, privando de la vida a su esposa.
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