Los agentes fiscales Fidel Godoy Florentín y Zunilda Ocampos Marín formularon imputación contra dos productores agrícolas -padre e hijo- por la presunta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Asimismo, el Ministerio Público dispuso la detención de ambos, para quienes requirió la prisión preventiva considerando la gravedad de los hechos.

Los imputados, de 51 y 28 años de edad, habrían operado para obtener beneficios económicos indebidos en perjuicio de la firma Inversiones Agrícolas S.A. En ese sentido, los encausados habrían conformado una asociación criminal a fin de fraguar instrumentos públicos para facilitar la transferencia irregular de tres inmuebles, de 19, 139 y 283 hectáreas, en fecha 23/12/2024.

Las propiedades, ubicadas en la colonia Aguapé distrito de Itakyry, fueron registradas en tiempo récord ante la Dirección General de los Registros Públicos el 27/12/2024. Los inmuebles fueron transferidos a favor de un tercero que actuaría como prestanombre para permitir el apoderamiento de facto de las fincas. Este esquema permitiría que los terrenos sigan siendo explotados ilegalmente por los imputados a través de las firmas Agropecuaria ORION S.A. y ANR S.A., aprovechando un contrato de arrendamiento que ya se encontraba vencido con la propietaria legítima, Inversiones Agrícolas S.A.

En el marco de la causa, el Ministerio Público realizó un allanamiento en los terrenos este 2 de febrero de 2026, ocasión en la que se hizo efectiva la detención de los sospechosos. Durante el procedimiento, la comitiva fiscal-policial constató que los productores no contaban con documentación legal que acreditara la posesión. En la oportunidad, los intervinientes se incautaron teléfonos iPhone con bloqueo, anotaciones de cultivos de soja, diversas maquinarias agrícolas, vehículos de carga y la suma en efectivo de 20.329.000 guaraníes.

El acta de imputación resalta que el título utilizado es apócrifo, ya que contiene la supuesta firma de un exsocio de Inversiones Agrícolas S.A. que no se encontraba en el país al momento de la suscripción. Además, señala que los orígenes de las documentaciones y las hojas de protocolo asignadas son inexistentes, presuntamente producidas en contubernio con gestores y funcionarios públicos para dificultar el desalojo o la reivindicación por parte de los verdaderos dueños.

Ante el peligro de fuga y la posible obstrucción de la investigación, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva para ambos. Asimismo, los fiscales Godoy y Ocampos solicitaron un plazo de 6 meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.