El agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero, titular de la Unidad Penal N.º 10 de Ciudad del Este, formuló acusación contra tres jóvenes, de 22, 24 y 29 años, por reducción y manipulación de graficaciones técnicas. Además, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 1, a cargo de la magistrada Teresita Cazal.
Según los antecedentes del caso, entre la medianoche y las 05:00 horas del 12 de octubre de 2025, se sustrajo una camioneta Toyota Hilux del estacionamiento del Casino Acaray. Posteriormente, el vehículo fue entregado al acusado de 22 años, quien lo trasladó hasta un taller y lavadero en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva, propiedad del sujeto de 29 años.
En el marco de la investigación, el 13 de octubre de 2025, la representación pública y personal de Investigación de Delitos de la Policía Nacional allanaron el taller, donde también se encontraba el procesado de 24 años. En el lugar se recuperó la camioneta denunciada, que estaba siendo desarmada por ambos sujetos, quienes fueron detenidos.
Los intervinientes hallaron piezas del tablero, el airbag expuesto y marcos de puertas fuera de su lugar convencional. Estas maniobras se habrían realizado con el fin de manipular y alterar la originalidad del vehículo. Además de la camioneta, se encontraron pertenencias de la víctima, como un manojo de llaves, un cargador de celular y una agenda con la inscripción “Toyota”.
La acusación presentada se sustenta en diversos elementos de convicción, incluyendo actas policiales, informes de dominio y filmaciones del casino. La conducta se encuadra en los tipos penales de reducción y manipulación de graficaciones técnicas, en calidad de autores.
Como petición final, el fiscal Zaracho solicitó la admisión de las pruebas ofrecidas y la apertura de la causa a juicio oral y público. Se remitieron al Juzgado Penal de Garantías N.º 1 todas las actuaciones y evidencias reunidas durante la etapa preparatoria. La representación fiscal se reservó el derecho de solicitar la pena aplicable a cada procesado durante el desarrollo del debate público.