La agente fiscal Carolina Rosa Gadea, de la Unidad Penal Nº 5 de Ciudad del Este, formuló imputación contra un joven de 21 años por la presunta comisión del hecho punible contra la propiedad (robo agravado) y, de igual forma, solicitó su prisión preventiva. La investigación se originó tras un asalto ocurrido el 12 de febrero de 2026. El Ministerio Público sostiene que existen suficientes elementos de sospecha sobre la participación del encausado en el ilícito.
Según la investigación, el hecho se registró a las 10:50 horas aproximadamente en la farmacia Energy, ubicada en el km 3½ del barrio Pablo Rojas de la capital departamental. En la ocasión, el sindicado y otros dos desconocidos llegaron al sitio a bordo de un automóvil de color blanco, presumiblemente Toyota Premio, sin chapa.
Seguidamente, descendieron del rodado e ingresaron al local con quepis y prendas de invierno. Una vez dentro, el ahora imputado habría utilizado un arma de fuego para intimidar a la encargada y exigir que no opusiera resistencia. Mientras tanto, los otros dos hombres se dirigieron al segundo nivel del comercio, donde sustrajeron productos adelgazantes de las marcas Lipoless, TG y Tirze.
Los presuntos delincuentes se apoderaron de aproximadamente 700 cajas de medicamentos, cuyo valor asciende a 296.165.107 guaraníes. Luego huyeron del lugar y trasbordaron las mercaderías a otro automóvil Toyota Premio azul, con chapa AAOO-154.
En el marco de la investigación del hecho, el 18 de febrero de 2026, una comitiva fiscal y policial llevó a cabo un allanamiento y detuvo al sospechoso en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este, e incautó el vehículo presuntamente utilizado para el golpe. La Fiscalía fundamenta la imputación en actas policiales, declaraciones testificales y evidencias colectadas durante los procedimientos.
La conducta del imputado se encuadra en el artículo 167, inciso 1°, numeral 1, del Código Penal, en concordancia con el artículo 29. La representación pública solicitó al Juzgado Penal de Garantías convertir la detención en prisión preventiva, alegando peligro de fuga, expectativa de pena de hasta 15 años y riesgo de obstrucción a la investigación.
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