Persisten cuestionamientos por parte de usuarios del sistema de registro de Beneficiarios Finales respecto al funcionamiento operativo y administrativo del SIARA, plataforma implementada por el Ministerio de Economía y Finanzas con apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, destinada a centralizar y digitalizar registros administrativos.

Usuarios del sistema reclaman que el proceso actual presenta demoras reiteradas, requerimientos documentales duplicados y constantes fallas técnicas. Según manifiestan, documentos ya cargados en la plataforma son nuevamente solicitados, incluso en más de una etapa del procedimiento, lo que genera incertidumbre y retrasa la emisión del certificado correspondiente.

La obtención del certificado de beneficiarios finales resulta esencial para la operatividad de sociedades comerciales, asociaciones y demás personas jurídicas, especialmente en sus relaciones con entidades financieras, procesos licitatorios y cumplimiento normativo. La falta de respuesta en plazos razonables impacta directamente en la actividad económica y en la seguridad jurídica.

El principio de eficiencia administrativa, reconocido en el ordenamiento jurídico paraguayo y en los estándares de buena administración pública, impone al Estado la obligación de organizar sus servicios de manera que evite cargas innecesarias o duplicadas para los administrados. La digitalización de trámites, precisamente, tiene como finalidad simplificar procesos, no complejizarlos.

Ante esta situación, los afectados analizan recurrir a instancias de control como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, a fin de que se realice una auditoría técnica y administrativa del sistema, se evalúe el cumplimiento de los plazos y se determine si el procedimiento aplicado se ajusta a los principios de legalidad, razonabilidad y eficiencia.

Asimismo, especialistas señalan que una revisión integral permitiría identificar eventuales falencias estructurales, ya sean de carácter tecnológico, organizacional o procedimental, garantizando así que el SIARA cumpla efectivamente con el propósito para el cual fue creado: fortalecer la transparencia sin sacrificar la agilidad administrativa.

La modernización del Estado no se mide por la existencia de una plataforma digital, sino por su funcionamiento real. Cuando el sistema se vuelve más lento que el papel, la reforma deja de ser innovación y se convierte en obstáculo. Lo que facilita a los funcionarios a extorsionar a los beneficiarios finales obligados a recurrir personalmente, para pedir coimas.

El Registro Administrativo de Beneficiarios Finales se encuentra regulado principalmente por la Ley N.º 6446/2019, que establece la obligación de las personas jurídicas y estructuras jurídicas de identificar y declarar a sus beneficiarios finales, en línea con los estándares internacionales de transparencia y prevención del lavado de activos. Dicha normativa impone deberes formales claros, pero también exige a la administración pública garantizar procedimientos eficientes, razonables y técnicamente funcionales.