La Asociación UNES – Unidas en la Esperanza, que nuclea a trabajadoras sexuales del Paraguay, denunció una grave situación de violencia que afecta a 11 mujeres que ejercen el trabajo sexual en la vía pública, en la zona del Área 2 de Ciudad del Este.
Según referentes de la organización, las trabajadoras son víctimas de extorsión, robos agravados y amenazas de muerte por parte de una persona travesti en situación de calle. Pese a la gravedad de los hechos y al riesgo permanente al que se ven expuestas, las afectadas señalan que la Policía Nacional, específicamente la Comisaría Primera, se niega a tomar las denuncias, dejándolas en total estado de indefensión.
Trabajadoras sexuales intentaron denunciar la violencia y amenazas recibidas en la vía pública ante la Comisaría Primera de Ciudad del Este, donde agentes policiales se negaron a recepcionar la denuncia, manifestando: “son problemas de la calle, solucionen ustedes”.
La Asociación UNES afirma que con este accionar, la Policía Nacional evidencia su desinterés institucional, revictimiza a sus asociadas y obstaculiza el acceso a la justicia. Las afectadas finalmente acudieron a la Fiscalía y denunciaron el hecho que fue caratulado solo como “amenaza” por el secretaria 11. Sin embargo, hasta la fecha no se han dictado ninguna diligencias preparatorias en la investigación minimizando los hechos relatados por las víctimas, tampoco se ha dictado medidas de protección, pese a la persistencia de la situación de riesgo.
En el Juzgado de Paz se indicó que no correspondía intervenir por no tratarse de violencia doméstica, ni intrafamiliar limitando su actuación y pasando la responsabilidad del caso a la Fiscalía nuevamente sin ningún proceder en cuanto a información completa o tipo de protección. Cabe señalar que la situación de violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales no es un hecho aislado: otras personas que trabajan en la zona del área 2 también se ven expuestas al peligro. La coacción, amenaza y la inseguridad impactan a todas las personas que desempeñan sus labores en ese espacio.
Durante todo el proceso, las instituciones se pasaron la responsabilidad entre sí, brindando información confusa, sin coordinación interinstitucional ni una ruta de atención clara. Las denunciantes fueron derivadas reiteradamente sin obtener respuestas efectivas ni garantías de protección.
Desde UNES denuncian esta situación como un caso de violencia institucional, que incluye la omisión de auxilio, la falta de respuesta estatal y prácticas discriminatorias por parte de las fuerzas de seguridad, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y pone en peligro sus vidas.
La Ley Nro. 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia tipifica la Violencia Institucional en su artículo 6, inciso n), y la define como: “Actos u omisiones cometidos por funcionarios, de cualquier institución pública o privada, que tengan como fin retardar o impedir a las mujeres el acceso a servicios públicos o privados o que en la prestación de estos se les agreda o brinde un trato discriminatorio o humillante”.
Ante este escenario, la Asociación Feminista Kuña Poty expresa su solidaridad con las trabajadoras sexuales afectadas, señalando que la violencia que enfrentan no proviene únicamente de la calle, sino también del propio Estado, a través de su desidia, discriminación y falta de garantías para el acceso a la justicia y a la protección.
Las organizaciones exigen una intervención urgente de las autoridades competentes: Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial el cese de la violencia institucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, quienes reclaman condiciones mínimas de seguridad, dignidad y acceso efectivo a la justicia.
