El Ministerio Público, representado por la agente fiscal Beatriz Adorno, obtuvo un condena de 5 años de pena privativa de libertad para los ciudadanos Alexis Javier Báez Valdez (26) y Diego David Duarte Mercado (28), tras probar su responsabilidad en un hecho punible de robo agravado. El juicio oral se realizó en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
Los jueces Gloria Vera, Margarita Martínez y Diego Duarte Espinoza, integrantes del Tribunal de Sentencia, resolvieron condenar a los acusados luego de valorar integralmente los medios de prueba incorporados por la Fiscalía.
Los antecedentes señalan que el 20 de febrero de 2025, a las 08:40 aproximadamente, Marcelo Ariel Vera Bogado caminaba por la vía pública del barrio San Roque de Hernandarias cuando fue interceptado por los ahora condenados y un tercer implicado no identificado. Seguidamente, Duarte Mercado, armado con un cuchillo, lo amenazó para que entregara su mochila. Mientras, Báez Valdez revisó el bolso y sustrajo un celular Xiaomi Redmi 10C azul y la llave de una motocicleta.
Durante el hecho, la víctima recibió golpes de puño y posteriormente fue asistida en el Hospital Distrital. Entre tanto, los atacantes escaparon del lugar. Sin embargo, tras la denuncia radicada en la Comisaría N° 24, a las 11:20 del mismo día, agentes policiales localizaron a los sospechosos, quienes intentaron ingresar al predio de la empresa Tabacalera del Este (TABESA), pero fueron reducidos. Del poder de Duarte Mercado se incautó un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, marca Tramontina, con mango negro.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó la declaración de la víctima, quien reconoció a los acusados como vecinos y relató las amenazas y agresiones sufridas. También declararon los agentes intervinientes y se incorporaron informes policiales y antecedentes del condenado Diego David Duarte Mercado. El Tribunal concluyó que la conducta se adecua al artículo 167, inciso 1°, en concordancia con el artículo 29, inciso 1°, del Código Penal, al configurarse los elementos típicos, antijurídicos y reprochables del robo agravado.
La representante fiscal solicitó la pena de cinco años de prisión conforme a los principios constitucionales y penales vigentes, atendiendo a la gravedad del hecho. El Tribunal hizo lugar al pedido del Ministerio Público y dictó la condena para ambos acusados.