La fiscal Julia González Medina formuló imputación contra uno de los presuntos implicados en el robo de más de 20.300 millones a la casa de cambios Alberdi S.A. y, al mismo tiempo, solicitó su prisión preventiva. El imputado, de 29 años, enfrenta cargos por robo agravado, omisión de aviso de un hecho punible y transgresión a la Ley de Armas. Actualmente, el hombre se encuentra recluido provisoriamente en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del juzgado competente.
Según el acta de imputación, el hecho ocurrió el 24 de febrero de 2026, a las 17:15 horas, cuando tres o cuatro sujetos fuertemente armados interceptaron en la vía pública al gerente de la firma, que se desplazaba con un acompañante a bordo de su vehículo Mercedes Benz. Los atacantes, que se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux gris, con chapa argentina, abordaron a la víctima en el kilómetro 6½ del barrio San Isidro. Bajo amenazas, obligaron al directivo a llamar al guardia de seguridad de la casa de cambios para que permitiera el ingreso del vehículo al local, ubicado en el microcentro de Ciudad del Este.
Una vez dentro de la entidad, los delincuentes redujeron y encerraron a todos los presentes en la antesala de la bóveda, tras lo cual se apoderaron de G. 20.315.494.989 antes de abordar nuevamente la camioneta y darse a la fuga con paradero desconocido. La sospecha fiscal apunta a que el ahora procesado habría tenido un acuerdo previo con el grupo criminal para brindar apoyo logístico tras el atraco.
Las evidencias indican que, tras el robo, los asaltantes se dirigieron directamente a la vivienda del imputado, ubicada en la fracción Primavera del km 15 Acaray de Minga Guazú, a unos 5.000 metros de la Ruta PY02. En dicho predio, el dueño de casa habría ocultado la camioneta utilizada en el asalto, la cual posteriormente fue incinerada en una zona descampada el 27 de febrero. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir el itinerario del vehículo desde el lugar del hecho hasta el domicilio del presunto implicado.
A partir de estas evidencias, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un allanamiento en el inmueble el 28 de febrero, a las 12:08 horas, y procedieron a la detención del sospechoso. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en la habitación del hombre un revólver calibre 38 cargado, que carecía de la documentación legal correspondiente. Además, el imputado no habría dado aviso previo a las autoridades sobre el plan delictivo, pese a tener conocimiento del mismo, según la hipótesis fiscal. Los informes policiales y el análisis técnico de las filmaciones constituyen los principales elementos de convicción para el inicio del proceso penal.
Finalmente, la Fiscalía presentó como evidencias el acta de allanamiento, las declaraciones testificales de las víctimas y los informes del Departamento de Investigaciones. Debido al peligro de fuga, considerando la alta expectativa de pena y la proximidad con la frontera, la agente fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado. Asimismo, requirió un plazo de cuatro meses para concluir las diligencias investigativas y presentar el requerimiento conclusivo ante el juzgado interviniente.
