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JUDICIALES

Fiscalía imputa a tres presuntos miembros de una organización criminal

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El agente fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 de Presidente Franco, formuló imputación contra tres presuntos miembros de una organización criminal por la presunta comisión de los hechos punibles de robo agravado y asociación criminal. Actualmente, dos de los imputados, de 24 y 28 años, se encuentran detenidos en sede policial y con pedido de prisión preventiva. Por su parte, el tercer integrante de la banda delictiva permanece prófugo, por lo que la representación fiscal solicitó su declaración de rebeldía y la correspondiente orden de captura.

Según la investigación, los hoy procesados, junto con otros cómplices, habrían conformado una estructura criminal para planificar un atraco domiciliario mediante reuniones previas, el seguimiento de sus víctimas y la distribución de tareas específicas para la ejecución del hecho.

Posteriormente, el 27 de febrero de 2026, a las 02:46 horas, consumaron el hecho en una vivienda del kilómetro 7 Monday de Presidente Franco. En esa ocasión, los supuestos delincuentes llegaron al sitio en un vehículo denunciado como robado y, tras derribar la puerta a patadas, ingresaron portando armas largas y cortas. Una vez dentro, encañonaron a los ocupantes, revolvieron las pertenencias y exigieron la entrega de dinero en efectivo.

Durante el violento suceso, los atacantes golpearon a una mujer y a su hijo con la culata de un arma de fuego, causándoles heridas cortantes. Ante la negativa inicial de los afectados, efectuaron un disparo que impactó en el muslo del menor de edad, logrando que revelaran el lugar donde se encontraba el dinero. Los malvivientes sustrajeron el efectivo guardado en una canasta de ropa sucia y tres teléfonos celulares de alta gama.

Tras apoderarse de los bienes, los autores abandonaron a los afectados bajo amenazas y huyeron del lugar, dejando posteriormente el vehículo utilizado en la vía pública del km 9 Monday. El hecho quedó registrado por cámaras de circuito cerrado de la vivienda, donde se observa el comportamiento violento de los asaltantes. 

En el marco de la investigación, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron sendos allanamientos y detuvieron este 3 de marzo a dos presuntos implicados, mientras que el tercero, plenamente identificado, permanece prófugo. Asimismo, aún resta identificar a los demás integrantes de la gavilla.

La vinculación de los sospechosos se sustenta en informes de investigación, actas de procedimiento, declaraciones testificales y diagnósticos médicos de las víctimas. Basándose en estos elementos de convicción, el representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los imputados y estimó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.

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Procesan a hombre que habría destechado una casa para consumar hurto agravado

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La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Penal Nº 11 de Ciudad del Este, formuló imputación contra un hombre de 31 años por el supuesto hecho punible contra la propiedad (hurto agravado). El Ministerio Público inició el proceso penal tras recolectar suficientes elementos de sospecha que vinculan al sindicado con el ilícito.

La investigación refiere que el hecho ocurrió días pasados, en horas de la tarde, en el barrio 23 de Octubre de la capital del Alto Paraná. En la ocasión, el sospechoso presuntamente trepó el cercado trasero de una propiedad privada para ingresar al lugar. El hombre escaló el techo de la vivienda y rompió una chapa de eternit para acceder al interior de la casa.

Una vez dentro, el sindicado se apoderó de varios objetos de valor. Sin embargo, justo en ese momento el propietario de la casa llegó y sorprendió al presunto ladrón en flagrancia. Inmediatamente, con la ayuda de vecinos del sector, la víctima logró reducir al hombre y entregarlo a los efectivos policiales de la zona.

La Fiscalía sustenta la imputación en notas policiales, el acta de procedimiento de la Subcomisaría N° 4 y la declaración testifical del afectado. La conducta del procesado se encuadra en el artículo 162 del Código Penal, bajo la figura de autoría directa. Debido a la gravedad del hecho, la representación fiscal solicitó formalmente al Juzgado Penal de Garantías convertir en prisión preventiva la detención del encausado.

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Imputan a joven que habría desvalijado varias veces una vivienda

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El agente fiscal Alberto Torres Flores, titular de la Unidad Penal Nº 3 de Presidente Franco, imputó a un joven de 19 años que habría desvalijado varias veces una vivienda, al sustraer diversos objetos por un millonario monto. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del sindicado, quien se encuentra a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado inicialmente a la propiedad el 14 de febrero de 2026 para sustraer diversos objetos de valor. Entre lo robado destacan cables de conexión eléctrica, accesorios de iluminación y electrodomésticos de cocina, bienes valuados preliminarmente en más de 15 millones de guaraníes.

Posteriormente, el 24 de febrero, el sospechoso habría ingresado nuevamente a la vivienda para sustraer el reloj de la ANDE instalado en el muro perimetral. El último evento ocurrió el 28 de febrero, cuando el propietario sorprendió al sospechoso en flagrancia seleccionando pertenencias en el interior del domicilio para su posterior retiro.

Tras percatarse de la presencia de la víctima, el sindicado trepó la muralla e intentó huir, pero fue reducido por el propietario y guardias de seguridad. La Fiscalía sustenta la imputación en el acta de procedimiento policial, filmaciones de cámaras de circuito cerrado y testimonios que vinculan directamente al joven.

Finalmente, la representación fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para la etapa preparatoria, argumentando la necesidad de realizar pericias y otras diligencias. Al considerar la gravedad del hecho, la falta de arraigo y el peligro de fuga, el fiscal Torres requirió la prisión preventiva del imputado.

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Fiscalía solicita rebeldía de un sexagenario imputado por abuso sexual de sobrina menor

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La agente fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes Nº 1, imputó a un hombre de 68 años por el presunto abuso sexual de su sobrina menor de edad. Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantías la declaración de rebeldía del encausado, quien enfrenta cargos por abuso sexual en niños y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La investigación fiscal se inició tras la denuncia formal presentada por el padre de la víctima el pasado 20 de enero de 2026. Según el acta de imputación, las agresiones sexuales habrían ocurrido de manera sistemática entre 2017 y 2020, en el interior de una vivienda ubicada en el km 9 Monday de Ciudad del Este. Durante ese periodo, el hombre habría cometido actos sexuales en su sobrina, quien en ese entonces tenía entre 8 y 11 años, aprovechando el vínculo familiar.

Los hechos salieron a la luz recientemente cuando la adolescente, que actualmente tiene 16 años, confesó a su padre los abusos sufridos durante su infancia por parte de su tío. La víctima relató ante el Centro de Atención a Víctimas que el imputado la llevaba a una habitación para realizar manoseos en sus partes íntimas y otros actos indecorosos.

Asimismo, la menor detalló que algunas agresiones ocurrían dentro de un automóvil mientras el sindicado la trasladaba hasta su domicilio particular, bajo engaños hacia otros familiares. El relato indica que el hombre utilizaba amenazas constantes para asegurar el silencio de la niña y satisfacer sus impulsos, prolongando la situación de vulnerabilidad durante varios años.

La representación fiscal sustenta la imputación en elementos de sospecha, como el informe del médico forense de turno y la contención victimológica realizada por la psicóloga del Centro de Atención a Víctimas. Aunque el examen físico confirmó que no hubo coito, la entrevista psicológica reveló indicios fácticos que señalan la presunta participación del imputado en los actos sexuales denunciados. La Unidad Especializada fundamentó su requerimiento en las previsiones del Código Penal paraguayo, buscando garantizar el sometimiento del procesado a la justicia.

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